La empresa Uber advirtió que aspectos de la nueva normativa que busca regular plataformas como la suya podría traer “efectos negativos”.
Dieciséis artículos tiene el proyecto de ley que envió el Gobierno para regular los servicios de aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabify, plataformas calificadas como “ilegales” e “informales” por parte del Ejecutivo, al menos hasta ahora.
Licencia profesional A1, una hoja de vida con antecedentes penales, que no registren antecedentes por delitos de connotación sexual, tráfico de drogas, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte, son algunos requisitos que estableció el Ejecutivo para los conductores de aplicaciones tecnológicas.
Ambas empresas apoyaron nuevamente la necesidad de legislar las aplicaciones de transportes y la necesidad de constituirse legalmente.
Sin embargo, los “efectos negativos en socios conductores y usuarios” que advirtió el gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber, Nicolas Sánchez, tienen que ver con los requisitos que la ley exige para los choferes.
Advierten que requerir licencia profesional para los conductores “limitará seriamente las oportunidades económicas de los más de 75.000 socios conductores que hoy emprenden a través de Uber”.
En tanto, respecto de la “entrega de información que se requerirá a las empresas, podrían generar una vulneración de la vida privada de conductores y pasajeros”.
“Esta medida ya había sido considerada y desechada durante la discusión legislativa del proyecto presentado por la administración anterior”, sostuvo.
El gerente General de Cabify, Agustín Gilisasti, dijo que han propuesto ya al Gobierno “que se modernice la forma de sacar esta licencia a través de cursos de e-learning que faciliten el acceso y que todas las personas puedan sacarla de manera más fácil y así no dejar a gente sin trabajo”.
Desde la empresa también dijeron ser la única plataforma de transporte que cumple con todos los requisitos legales propuestos por el Gobierno.
El texto ingresó por la Cámara de Diputados y no se descarta que el Gobierno incorpore algún tipo de urgencia para su discusión legislativa.
