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El crimen organizado no solo desafía al Estado desde el exterior: procura penetrarlo, neutralizar sus defensas y ponerlas a su servicio. Por eso, combatir la corrupción y proteger a los funcionarios íntegros son dimensiones inseparables de una misma estrategia.
En 1997 fui diagnosticado de cáncer. Tras una operación y quimioterapia, logré superar la enfermedad. Aquella experiencia me enseñó a hablar del cáncer con profundo respeto: no como un recurso retórico, sino como una realidad que exige detección oportuna, tratamiento adecuado, perseverancia y decisiones difíciles.
Desde esa experiencia planteo una analogía para comprender la relación entre crimen organizado y corrupción institucional. El sistema inmunitario identifica y elimina numerosas células anormales, pero algunas logran ocultarse, inhibir las defensas o aprovechar mecanismos del propio organismo para crecer. Entonces, el problema no es solo la amenaza, sino el debilitamiento del sistema encargado de combatirla.
Algo semejante puede ocurrir en el Estado. Las instituciones policiales, judiciales, penitenciarias, financieras y administrativas protegen a la sociedad y persiguen el delito. Sin embargo, para sobrevivir, expandirse y asegurar su impunidad, el crimen organizado intenta penetrar precisamente esos organismos. La corrupción es el mecanismo que lo hace posible.
Un funcionario corrupto puede revelar una investigación, anticipar una operación, alterar un procedimiento, facilitar el ingreso de objetos prohibidos a una cárcel, omitir controles, hacer desaparecer evidencia o favorecer el lavado de activos. Aunque conserve su uniforme, credencial o cargo, ha dejado de servir al Estado.
Por ello, el poder criminal no se mide solo por sus integrantes, armas, territorio o dinero, sino también por su capacidad para comprar silencios, obtener protección y convertir funcionarios en instrumentos de sus intereses. Cuando una organización manipula investigaciones o conoce de antemano una operación, ya no actúa únicamente contra el Estado: opera desde su interior.
Esta semana participé como expositor en el IV Congreso Internacional de Bienestar, Innovación y Alianzas Público-Privadas en la Gestión del Bienestar, organizado por el Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina. Representantes de las fuerzas federales, organismos policiales y sistemas penitenciarios compartieron iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Todas expresaban una convicción: cuidar a quienes protegen a la sociedad es condición para que las instituciones cumplan su misión.
Esa obligación es urgente ante una amenaza regional, flexible y diversificada, que combina narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, extorsión, lavado de activos, ciberdelincuencia y control territorial. Ningún organismo puede responder aisladamente. Se requiere coordinación entre inteligencia financiera, investigación policial, control fronterizo, persecución penal, cooperación internacional y gestión penitenciaria.
Pero ninguna estructura será suficiente si quienes la ejecutan quedan expuestos a agotamiento, estrés, amenazas, sobornos e intimidación. Si el Estado les exige integridad, profesionalismo y valentía, debe ofrecer condiciones laborales dignas, apoyo psicológico, capacitación permanente, respaldo institucional, protección para sus familias y canales confiables de denuncia. Su bienestar no es un beneficio accesorio: es una inversión estratégica en seguridad pública.
Una institución que abandona a sus integrantes debilita sus defensas. Quien teme denunciar o siente desprotegida a su familia se vuelve más vulnerable a la coacción. Proteger a los funcionarios íntegros, sin embargo, no significa relativizar la responsabilidad de quienes se corrompen: ambas acciones deben avanzar juntas.
Una política efectiva exige selección y formación rigurosas; controles patrimoniales proporcionales al riesgo; rotación en funciones sensibles; trazabilidad de las decisiones; protección de denunciantes; análisis de vulnerabilidades, y unidades de control interno técnicas e independientes. Las investigaciones deben ser rápidas, objetivas y respetuosas del debido proceso, sin convertir la presunción de inocencia en excusa para la inacción.
Cuando se acredita la colaboración de un funcionario con una organización criminal, la respuesta debe ser inequívoca: expulsión y persecución penal según la gravedad de los hechos, cualquiera sea su cargo o rango. No se trata de una simple falta administrativa. Quien facilita operaciones criminales multiplica el poder del delito, destruye investigaciones, pone vidas en riesgo y erosiona la confianza pública.
Nuevas leyes, penas más altas, tecnología y mayores recursos serán insuficientes si desde dentro se filtra información, se obstruyen procedimientos o se protege a los responsables. Una institución puede disponer de más herramientas y, al mismo tiempo, perder eficacia si sus defensas han sido penetradas.
La analogía médica tiene límites: las células cancerosas no poseen voluntad ni responsabilidad moral, mientras que la corrupción nace de decisiones humanas; tampoco todo problema institucional implica infiltración criminal. Aun así, la comparación revela una verdad: una amenaza se vuelve mucho más peligrosa cuando neutraliza o utiliza los mecanismos creados para combatirla.
En medicina no basta con atender los síntomas mientras la enfermedad avanza. En seguridad, detener a quienes ejecutan delitos es indispensable, pero también hay que desarticular las redes financieras, administrativas, logísticas y de protección que sostienen a las organizaciones criminales.
Después del cáncer aprendí que la detección oportuna y la eficacia del tratamiento pueden ser decisivas. Las instituciones también necesitan alertas tempranas, respuestas especializadas y determinación para remover lo que amenaza su funcionamiento, mientras cuidan y fortalecen sus propias defensas.
La lucha contra el crimen organizado debe librarse tanto en calles, puertos, fronteras, cárceles y tribunales como dentro de cada institución. Proteger a quienes nos protegen y expulsar a quienes traicionan esa misión son los dos pilares de una misma política de Estado.
No existe una zona intermedia: o el Estado protege a sus servidores íntegros y expulsa con determinación a quienes lo traicionan, o el crimen organizado terminará ocupando sus instituciones y administrándolas desde dentro.
