El poder constituyente según García Linera

La entrevista del domingo 6 de agosto en El Mercurio a Álvaro García Linera resulta útil porque expone, con una claridad poco habitual, una concepción del poder que sigue teniendo influencia en sectores de la izquierda chilena. García Linera no es un comentarista cualquiera para el Frente Amplio ni para Gabriel Boric. Ha sido durante años uno de los referentes intelectuales de ese mundo político. Por eso importa menos discutir su brillo teórico que examinar lo que propone cuando habla de gobierno, democracia y transformación.

Su crítica a la democracia liberal parte de problemas conocidos: desigualdad, concentración económica, debilidad de la representación y distancia entre ciudadanía e instituciones. Nada demasiado novedoso en esa crítica. Lo no aceptable asoma cuando esas falencias se convierten en argumento para relativizar los límites que hacen (valga el pleonasmo) democrática a una democracia: separación de poderes, alternancia, pluralismo, derechos individuales y reglas que obligan también a las mayorías. Desde una perspectiva socialista democrática, la respuesta a una democracia insuficientemente igualitaria no puede ser una democracia con menos controles, sino una democracia más social y, al mismo tiempo, más exigente con el poder.

La entrevista de citada lleva esa concepción al caso chileno. A propósito de los cuatros años del rechazo del 4 septiembre, García Linera sostiene (y reitera durante la entrevista) que el gran error de Boric fue no comprender que el gobierno era “el poder constituyente” y que la Convención debía limitarse, en lo sustancial, a redactar constitucionalmente las transformaciones que el Ejecutivo debía comenzar a ejecutar. Remata definiendo a los convencionales como meros “redactores”.

Dicha afirmación no es para dejar pasar. Boric ganó una elección presidencial, no recibió un mandato revolucionario ni una autorización para colocarse por encima de las instituciones existentes. Fue elegido para gobernar dentro de una Constitución vigente, con un Congreso igualmente electo, tribunales independientes y una Convención dotada de la función específica de poner en pie una propuesta que debía ser aprobada o rechazada por la ciudadanía. Convertir al Presidente en “poder constituyente” habría significado transformar un programa electoral en una fuente superior de legitimidad.

Es exactamente allí donde la tesis de García Linera tropieza con el principio elemental de la democracia de que ningún gobierno “encarna” al pueblo de manera definitiva. Gobierna por un tiempo, bajo reglas conocidas, con poderes limitados y con adversarios que conservan todos sus derechos. Puede impulsar reformas profundas, pero no proclamarse depositario de una voluntad histórica superior a las instituciones.

De hecho, el problema de Boric fue más bien el contrario. Durante buena parte de su primer año, su gobierno quedó demasiado asociado al destino de la Convención y permitió que se confundieran dos legitimidades distintas: la obtenida por el Presidente en las urnas y la que debía obtener un nuevo texto constitucional en un plebiscito separado. El 4 de septiembre de 2022 mostró con incontestable razón que ambas cosas no eran equivalentes.

La experiencia boliviana vuelve todavía más incómoda esta discusión. García Linera fue vicepresidente durante el largo ciclo de Evo Morales. Aquel gobierno consiguió avances sociales importantes y aprovechó un período excepcional de altos precios de materias primas para expandir el gasto público, reducir pobreza y aumentar ingresos. Pero también terminó tensionando gravemente los límites institucionales. En 2016, la ciudadanía rechazó en referéndum una nueva habilitación para la reelección presidencial: el No obtuvo 51,3%. Pese a ello, Morales volvió a postular después de que el Tribunal Constitucional eliminara esos límites.

Ese episodio condensa el problema. La voluntad popular era digna de invocarse mientras empujaba el proceso histórico, pero parecía perder parte de su autoridad cuando imponía un límite al liderazgo que decía representarlo. Una izquierda democrática no puede aceptar esa lógica porque el pueblo, al igual que cualquier persona libre, también tiene derecho a cambiar de opinión.

Hay además una frase de la entrevista de este domingo que merece detenerse. En un fragmento, García Linera señala que si las fuerzas conservadoras de Kast consiguen estabilizar la economía, generar crecimiento y producir alguna redistribución, el ciclo de oportunidad para una transformación más radical podría cerrarse durante décadas. La frase está formulada como análisis, pero su lógica política es inquietante. Su reverso es bastante transparente: para que vuelva a abrirse una oportunidad revolucionaria, el gobierno de Kast tendría que fracasar o, al menos, ser incapaz de estabilizar y mejorar materialmente el país.

Una izquierda democrática debería pensar exactamente al revés. Debiera querer que Chile crezca, que aumente el empleo, que bajen la delincuencia y la pobreza y que mejoren los salarios, incluso cuando gobierna un adversario. Su tarea no consiste en esperar el naufragio ajeno para recuperar una oportunidad histórica, sino en demostrar que puede gobernar mejor.

García Linera conoce además, por experiencia propia, la verdad bastante menos iluminante de que los procesos políticos no se sostienen solo en la movilización, el liderazgo o la intensidad de un momento constituyente. También dependen de la capacidad de gobernar, administrar restricciones, preservar equilibrios y ofrecer resultados duraderos. La transformación puede abrirse paso con una gran movilización social, pero termina siendo juzgada en el terreno mucho menos exaltado de la gestión cotidiana. La lección boliviana, entonces, es bastante menos provechosa que la que García Linera parece exhibir para los chilenos.

Los gobiernos progresistas transforman de manera duradera cuando combinan justicia social, crecimiento, buena gestión e instituciones fuertes. Cuando empiezan a pensar que su legitimidad histórica vale más que los límites constitucionales, dejan de ampliar la democracia y comienzan a erosionarla.

Esto no es renovación de la izquierda, es regresar, con un vocabulario nuevo, a la vieja tentación del poder sin límites de tiempo.