Los chilenos no ganamos en UF. Ganamos en pesos. Puede parecer una frase demasiado sencilla, pero detrás de ella existe una discusión económica y social que Chile debiera atreverse a tener las veces que sea necesario. Nada está escrito en piedra.

Cuando una familia compra una vivienda y solicita un crédito hipotecario, el banco le presta dinero y cobra por ello una tasa de interés. Hasta ahí, todo parece lógico y forma parte del funcionamiento normal de cualquier sistema financiero.

Pero en Chile existe una particularidad: gran parte de esos créditos están expresados en UF, la Unidad de Fomento, una medida utilizada para reajustar el valor de determinados contratos y que aumenta o disminuye de acuerdo con la variación de los precios de la economía.

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¿Y qué significa eso? Que cuando escuchamos hablar del IPC, el Índice de Precios al Consumidor, estamos hablando del indicador que mide cómo cambian los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares. Cuando el costo de vida aumenta y el IPC registra inflación, la UF también aumenta.

Eso significa que, aunque la tasa de interés pueda ser fija, el capital y el dividendo están vinculados a una unidad que se reajusta de acuerdo con la inflación.

Y ahí es donde creo que debemos detenernos y hacernos una pregunta muy sencilla: si el banco ya está cobrando una tasa de interés por prestar ese dinero, ¿por qué además debemos expresar la deuda y el dividendo en una unidad que se reajusta con la inflación?

No estoy diciendo que la UF sea un interés adicional. Técnicamente no lo es. La UF es una unidad de reajustabilidad. Pero para una familia que todos los meses tiene que sacar dinero de su bolsillo para pagar el dividendo, la diferencia académica puede resultar bastante menos importante que la realidad que enfrenta.

Si una familia paga hoy $410.000 de dividendo y la UF aumenta, puede encontrarse meses después pagando más pesos por el mismo dividendo expresado en UF.

La tasa puede seguir siendo la misma. Pero el monto que sale del bolsillo no necesariamente lo es. Y aquí aparece un cuestionamiento válido: ¿estamos pensando suficientemente en el ciudadano?

Porque el trabajador recibe su sueldo en pesos. No recibe su liquidación de sueldo en UF. No compra alimentos en UF. No paga las cuentas de la casa en UF. No paga la micro en UF.

Entonces, ¿por qué su principal deuda, aquella que probablemente pagará durante 20, 25 o incluso 30 años, tiene que estar vinculada a una unidad que aumenta cuando aumenta el costo de vida?

La respuesta habitual es que la UF ha permitido desarrollar un mercado hipotecario de largo plazo con tasas reales relativamente bajas. Y es cierto. Sería poco serio desconocerlo. El Banco Central ha defendido precisamente esa función de la UF y ha advertido que eliminarla abruptamente podría encarecer el financiamiento hipotecario.

Pero reconocer las virtudes que tuvo la UF no significa que no podamos preguntarnos si Chile necesita evolucionar.
La UF fue creada en 1967, en un Chile que enfrentaba una realidad inflacionaria completamente diferente. Han pasado casi seis décadas. Nuestra economía cambió, nuestro sistema financiero cambió y las necesidades de los consumidores también cambiaron.

Entonces, ¿por qué no abrir una discusión seria sobre otro modelo? Chile ya contempla créditos hipotecarios en pesos. La propia Comisión para el Mercado Financiero considera dentro de su sistema modalidades expresadas en pesos y UF, y existen instituciones financieras que ofrecen créditos hipotecarios en pesos a tasa fija.

Entonces, la pregunta no es si técnicamente podemos hacerlo. La pregunta es por qué no hacemos de los créditos hipotecarios en pesos una alternativa mucho más relevante para las familias chilenas.

Un sistema en el que el ciudadano pueda saber con claridad cuánto pidió prestado, cuál es la tasa de interés que pagará y cuánto será su dividendo mensual en pesos. En simple, que sepamos con certeza cuál será el monto de la cuota invariable en el tiempo del crédito, y no vivir con la angustia de cuánto se podría disparar el monto del dividendo. No tenemos por qué normalizar dicha angustia crediticia.

Por supuesto que ese crédito tendrá un costo. Por supuesto que el banco deberá incorporar en su tasa el riesgo de inflación que hoy, en buena medida, absorbe el mecanismo de la UF.

No estoy planteando que desaparezcan los riesgos financieros. Planteo algo mucho más simple: que el ciudadano sepa exactamente cuál es la obligación que está asumiendo y que pueda tener previsibilidad sobre su dividendo mensual.
Porque para una familia no es un detalle menor saber si el próximo mes tendrá que destinar $410.000, $430.000 o $450.000 a pagar su vivienda.

La planificación familiar se hace en pesos. El presupuesto familiar se hace en pesos. El sueldo se recibe en pesos. Y cuando llega fin de mes, la familia no paga sus cuentas con una explicación sobre la diferencia entre tasa real y tasa nominal. Paga con los pesos que tiene en su bolsillo, así de simple.

Quizás nos hemos acostumbrado demasiado a que esto sea así, hemos asumido como normal que el dividendo pueda aumentar simplemente porque aumentó la UF, y quizás también el consumidor ha terminado aceptándolo porque siente que no tiene otra alternativa.

Pero justamente por eso debemos discutirlo.

No se trata de enfrentar a los bancos con los ciudadanos. Los bancos cumplen una función indispensable y deben tener rentabilidad para seguir prestando. Tampoco se trata de desconocer la historia y las razones por las cuales la UF se convirtió en una herramienta tan importante para nuestra economía.

Se trata de preguntarnos si podemos construir un sistema hipotecario más cercano a la realidad de las personas.
Un sistema convencional, como ocurre con buena parte de los créditos financieros en otras economías, en el que la deuda pueda expresarse en moneda nacional y el precio del crédito esté determinado por una tasa de interés.

Chile no tiene por qué quedarse atrapado en una fórmula simplemente porque funcionó durante décadas. Y aquí hay otra discusión que considero indispensable. Alguna vez tenemos que incorporar realmente a la sociedad civil en estas decisiones.

Las decisiones sobre el financiamiento de la vivienda no pueden quedar circunscritas exclusivamente a las autoridades, los bancos y los especialistas. También debe tener voz la familia que lleva 15 años pagando su casa, el joven que quiere comprar su primera vivienda y el trabajador que cada mes mira su liquidación de sueldo antes de preguntarse si podrá pagar el dividendo.

Alguna vez tenemos que pensar realmente en el bolsillo del ciudadano.

Porque quizás hemos discutido demasiado sobre cómo funciona la UF y muy poco sobre cómo funciona la vida de quien tiene que pagarla. La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto le conviene al sistema financiero. También deberíamos preguntarnos cuánto le conviene al ciudadano.

Sacudamos el árbol y volvamos a mirar este problema desde la perspectiva de las personas. Pensemos realmente en lo que le preocupa al ciudadano. Porque, al final del día, hay una pregunta que sigue siendo tan sencilla como incómoda:
¿Acaso el ciudadano común y corriente gana en UF? ¿O acaso cada vez que aumenta el IPC le aumentan automáticamente el sueldo en la misma proporción?

No. Gana en pesos.

Y si queremos construir un sistema de vivienda más justo, más transparente y comprensible para las familias, quizás ya es hora de que nuestras reglas financieras también empiecen a pensar un poco más en esos pesos, dicho en buen chileno: en las “lucas de la gente”.