Este jueves el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegará a Chile para reforzar la alianza con nuestro país. Esto, mientras en España se ha convertido en blanco de críticas por diferentes frentes con los que ha debido lidiar.
Este es el primer viaje de Sánchez a Latinoamérica en la nueva legislatura; con un Ejecutivo español que remarca a esta región como una prioridad de la política exterior de España, añadiendo que seguirá muy presente en su agenda internacional durante este nuevo mandato.
Sánchez llegará proveniente de Brasil en donde ya se reunió con el presidente Lula da Silva, con quien tiene muy buena sintonía.
Desde el Gobierno español anticiparon que los objetivos de este desplazamiento son robustecer la alianza estratégica de España con Brasil y Chile, facilitar el comercio y las inversiones y mantener la apuesta por seguir aumentando la relación de la Unión Europea (UE) con Latinoamérica.
El 8M en Chile
Sánchez tiene programada una reunón el viernes en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric, con lo que devolverá la visita que le hizo el mandatario chileno en julio pasado.
Boric y Sánchez presidirán la firma de diversos acuerdos; uno de ellos supondrá la renovación y actualización de la alianza estratégica bilateral suscrita en 2013 para incorporar nuevas prioridades como la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género o la diplomacia feminista.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sánchez y Boric suscribirán una declaración específica para trabajar juntos en el ámbito internacional en favor de la igualdad de género. Tras un rueda de prensa conjunta, participarán en un acto institucional que para celebrar esa fecha.
En el apartado económico y comercial, y más allá del diálogo de Sánchez con Boric, el presidente del Gobierno español participará en un encuentro empresarial previo a esa reunión.
Sánchez llega a Chile en medio de cuestionamientos por dos casos que han remecido el escenario político en España.
Polémica ley de amnistía
Tras no alcanzar los votos necesarios en julio pasado para la formación de Gobierno, el PSOE -que obtuvo 122 escaños frente a los 136 del PP- debió negociar con los independentistas, lo que finalmente le permitió ser reelegido como presidente de Gobierno en noviembre.
Sin embargo, como parte del acuerdo, Sánchez se comprometió a impulsar una amnistía a los independentistas catalanes procesados por el intento secesionista en Cataluña de 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Lo anterior provocó la airada reacción de la derecha española, con el PP y Vox como principales detractores. Esto, mientras se realizaron numerosas protestas en Madrid ante la medida.
En enero pasado, no obstante, el Gobierno de Sánchez sufrió un inesperado revés en el Parlamento, luego que los independentistas catalanes de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya), la formación del prófugo Carles Puigdemont, impidieran la aprobación de la Ley de Amnistía que exigían los propios independentistas.
Los separatistas que lidera Puigdemont, quien sería el principal beneficiado por la amnistía, retrasaron así la tramitación de una ley que borraría los delitos de más de un millar de políticos y activistas catalanes. Y lo hacen porque no quieren dejar a nadie atrás, dijo en el parlamento la portavoz de Junts Miriam Nogueras, para justificar su repentino rechazo a una ley pactada que respaldaban.
¿Por qué han cambiado de opinión los independentistas de Junts? Porque los socialistas no aceptan que la amnistía beneficie a encausados por terrorismo, un delito que un controvertido juez español, Manuel García Castellón, pretende imputar a Puigdemont, quien vive en Bélgica desde 2017, por unas protestas violentas registradas en Barcelona en 2019, y de las que responsabiliza, a pesar de la distancia, al antiguo presidente del gobierno catalán.
Finalmente, el PSOE anunció el miércoles un acuerdo junto a los partidos independentistas catalanes Junts y Esquerra Republicana (ERC) sobre la controversial ley de amnistía, que cubriría a “todas las personas” vinculadas en el proceso de independencia de Cataluña. El pacto es visto como una llave para la gobernabilidad de Sánchez.
Este acuerdo llega casi cuatro meses después de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, y otorga al líder socialista la capacidad de aprobar los presupuestos y avanzar con la legislatura. Los diputados independentistas han comprometido su apoyo al Gobierno a que una amnistía con amplias garantías sea aprobada.
Se espera que la norma sea sometida al pleno del Congreso la próxima semana antes de ser enviada al Senado, donde su tramitación no será urgente, lo que permitiría al Partido Popular (PP) retrasar su aprobación hasta por dos meses, al controlar la Cámara Alta.
El PP criticó duramente el acuerdo y anunció su oposición tanto en las instituciones como en los tribunales, calificándolo como una muestra de que el PSOE, además de la “corrupción económica”, recurre a la “corrupción política” para mantenerse en el poder.
Caso Koldo
El “caso Koldo” es una presunta trama de corrupción en la que se realizaron cobros ilegales por la compra de mascarillas protectoras durante la pandemia, investigaciones que comenzaron a raíz de una denuncia presentada por un portavoz del Partido Popular (PP), opositor al Gobierno socialista, en marzo de 2022. Los hechos investigados habrían tenido lugar en 2020, en plena pandemia.
En el escrito de acusación se mencionan contratos que, según el Ministerio Público, podrían suponer un importe de más de 50 millones de euros. Los acuerdos se habrían firmado con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Por otro lado, como contratistas figuran entidades dependientes de los Ministerios de Transportes e Interior y de los Gobiernos de Baleares y Canarias.
Las posibles irregularidades relacionadas con los contratos van desde el cobro de comisiones por adjudicación hasta el suministro de material sanitario distinto al pactado. En concreto, la justicia española investiga los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
La trama se conoció como el “caso Koldo” porque habría sido organizada principalmente por Koldo García, quien era asesor del ex ministro de Transportes del país, José Luis Ábalos.
Según las investigaciones, Koldo García, quien en aquel momento gozaba de la confianza del entonces ministro de Transportes, fue el encargado de intermediar en las negociaciones para la compra de máscaras protectoras. De acuerdo a la Fiscalía, el entonces consejero actuó como puente cobrando comisiones y abusando de su cargo público.
Uno de los aspectos que llamó la atención de la Fiscalía fue el aumento del patrimonio de Koldo y su familia. El incremento habría rondado los 1,5 millones de euros entre 2020 y 2022.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, recriminó duramente a Sánchez por su silencio sobre el caso. “Abandone su huida hacia adelante, salga del búnker, dé la cara”, indicó según El Mundo, apuntando a Sánchez de tener un Gobierno “en descomposición” por la amnistía y ahora salpicado por la corrupción.
