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El Congreso de EE.UU aprobó un proyecto de ley que termina el cierre de Gobierno más largo de la historia, duró 43 días. Incluye fondos para agencias federales, extensiones temporales y una controvertida cláusula que permite a senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos del asalto al Capitolio de 2021. Restaura empleados y estabilidad hasta 2026, revierte despidos masivos, asegura financiamiento para Defensa y Veteranos, y fondos para programas esenciales. Cláusula polémica, impacto en transporte aéreo, economía y programas sociales.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia, que se extendió por 43 días, y que entró en vigencia con la firma del presidente Donald Trump.
El paquete incluye financiación para agencias federales, extensiones temporales y una controvertida cláusula que permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021.
Los republicanos han logrado un paquete legislativo avalado por Trump que saca al país de una crisis de transporte aéreo y de financiamiento de programas alimenticios, así como restablecer a los empleados gubernamentales en sus puestos sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria, una petición demócrata que provocó una larga serie de desacuerdos legislativos que alargaron por más de cinco semanas el cierre.
Financiamiento extendido
El paquete legislativo aprobado extiende los fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026, lo que brinda una estabilidad temporal tras semanas de parálisis.
La medida revierte los recortes masivos de personal que la administración de Donald Trump había ordenado: más de 4.000 empleados federales —incluyendo varios cientos en salud pública— habían sido despedidos o recibieron notificaciones de despido.
Según la Administración Trump, “4.108 empleados fueron despedidos desde el 1 de octubre”, debido en parte a la caída de los presupuestos federales.
Para los departamentos estratégicos, como el de Defensa y el de Asuntos de Veteranos, la financiación se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura operaciones durante todo el año fiscal.
El acuerdo incluye, por ejemplo, más de 133.000 millones de dólares para los Veteranos en gastos discrecionales, además de fondos importantes para construcción militar y mantenimiento de instalaciones.
El texto legislativo precisa que estas asignaciones “permitirán planificar infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre”, según la comisión de asignaciones del Senado.
El objetivo de la extensión es evitar nuevas interrupciones del funcionamiento gubernamental mientras se negocia un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades tanto de republicanos como demócratas, en un contexto de año electoral intermedio que podría alterar el equilibrio en el Legislativo.
Asignaciones de año completo
El acuerdo incluye partidas de financiamiento de año completo para Agricultura y Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar, permitiendo la planificación anual de temas como nutrición e infraestructura.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que estas partidas son “fundamentales” para mantener la operatividad de programas esenciales que habían quedado paralizados durante el cierre.
Cláusula controvertida sobre registros telefónicos
La ley incorpora una disposición que permite a senadores demandar al Departamento de Justicia (DOJ) si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso durante la investigación del asalto al Capitolio de 2021.
La medida autoriza compensaciones de hasta medio millón de dólares, generando críticas dentro de la mayoría republicana y entre miembros de la Cámara de Representantes.
La cláusula fue incorporada en la fase final de negociación, sin consulta previa con varios legisladores, lo que provocó sorpresa e indignación en el Congreso.
Fin de un cierre con altos costos
Según el Departamento de Transporte, el cierre obligó a imponer recortes en el tráfico aéreo de hasta el 6% en 40 aeropuertos ante la falta de controladores y supervisores, lo que provocó miles de cancelaciones y pérdidas estimadas de hasta 580 millones de dólares diarios para la economía del transporte.
El impacto social fue igualmente grave. Cerca de 42 millones de estadounidenses dejaron de recibir pagos del programa de cupones alimentarios mientras se dilataba el cierre, y grupos de defensa de derechos humanos demandaron al Gobierno por los efectos sobre familias vulnerables.
Un respiro político
La reapertura del Gobierno, calificada por Trump como una victoria ante “una extorsión demócrata”, ha logrado conseguir el financiamiento sin necesidad de ceder en temas de seguridad sanitaria, ya que el Obamacare será eliminado después de diciembre.
El cierre tuvo un impacto sobre los republicanos, que la semana pasada fueron derrotados categóricamente en distintas elecciones locales de Estados Unidos como la de Gobernador en Virginia, estado donde viven y votan miles de empleados federales afectados por el cierre.
Trump firmó la medida alcanzada por su partido instando a sus senadores a eliminar “la obstrucción parlamentaria” para que esto no vuelva a suceder.
