El ministro de Defensa, Fernando Barros, respaldó la idea de que las Fuerzas Armadas puedan enfrentar excepcionalmente a organizaciones criminales con alto poder de fuego, pero también reconoció “imperfecciones” en la controvertida reforma constitucional de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast.
El secretario de Estado marcó especialmente una diferencia sobre el mando de estas operaciones: si los militares son convocados por capacidades que las policías no tienen, considera que no corresponde dejarlos automáticamente bajo la dirección de Carabineros.
La postura aparece mientras el proyecto enfrenta críticas desde distintos sectores por las facultades que entregaría al Presidente, la duración del nuevo estado de excepción y el papel que asumirían las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Reforma seguridad: Barros respalda rol militar contra el crimen organziado
El ministro Barros distinguió entre la delincuencia común, los problemas de orden público y las organizaciones transnacionales que cuentan con armamento de guerra.
“Cuando estamos hablando de poder de fuego, gente que tiene lanzagranadas, que tiene ametralladoras de alto calibre, entonces ahí claramente se necesita un poder de fuego distinto”, explicó en radio Duna.
A su juicio, frente a ese escenario existen dos caminos: entregar a Carabineros formación y armamento prácticamente militares, o permitir que las Fuerzas Armadas intervengan bajo condiciones excepcionales y reguladas.
“No estoy hablando de los portonazos. No estoy hablando del asalto al banco ni del desorden en las calles. Un crimen organizado con poder de fuego. Y eso requiere un tratamiento especial”, recalcó.
El ministro aseguró que la idea no es militarizar amplios territorios, sino realizar intervenciones focalizadas donde las policías hayan sido superadas.
“Se necesita una regulación para una operación quirúrgica. No estamos hablando de la mitad de Chile, de un estado de sitio ni de cosas, una operación quirúrgica”, afirmó.
Para Barros, la dimensión transnacional del narcotráfico obliga a discutir un papel especial para las Fuerzas Armadas. “El narcotráfico hoy día es un narcotráfico internacional”, sostuvo.
En todo caso, pese a haber firmado la reforma, el ministro reconoció que su redacción puede ser corregida. También evitó cerrar la discusión sobre los cuestionados 240 días que podría extenderse el nuevo estado de excepción.
“Aquí hay imperfecciones, puede ser, y esto está llamado a mejorarse”, señaló, describiendo el proyecto como “una invitación a conversar”.
Barros cuestiona el mando de Carabineros
Al interior de las Fuerzas Armadas también surgieron inquietudes por la falta de claridad sobre quién dirigirá las operaciones, cuáles serán las facultades de los militares y si quedarán subordinados a las policías.
Barros planteó que, si las policías son superadas y recurren a las capacidades militares, las Fuerzas Armadas deberían dirigir el aporte especializado que están entregando.
“Si a mí me llaman como neurocirujano, no pretendan que la operación la dirija otro. Estas me llaman a mí por mi especialidad”, ejemplificó.
El ministro sostuvo que el mando debería depender de la naturaleza de cada emergencia: la Armada frente a una amenaza marítima o la Fuerza Aérea ante operaciones relacionadas con aeródromos clandestinos, por ejemplo.
Por eso, cuestionó que esa definición quede escrita de antemano en la Carta Fundamental.
“Entonces es absurdo o innecesario que la Constitución sea la que establezca quién va a ser el jefe de la fuerza”, concluyó.
La reforma ha generado un amplio rechazo, incluso en sectores de la derecha, por el riesgo que supondría para las libertades personales. Entre los puntos más cuestionados están la extensión del nuevo estado de excepción, las facultades para restringir derechos e interceptar comunicaciones y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
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