El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que su régimen no permitirá la realización de elecciones para así evitar poner en riesgo el control del oficialismo.
Durante su discurso, Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, acusó a los opositores de querer ganar unos comicios para enriquecerse.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo en un intervención en Managua durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista.
El mandatario nicaragüense aseveró que trabajará con la Aamblea Nacional “y organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis, no podrán”.
Nicaragua es gobernado por Ortega desde 2007 mientras que su esposa, Rosario Murillo, ejerce como “co-presidenta-desde 2017 gracias a una reforma constitucional.
Diferentes sectores, incluyendo el Episcopado nicaragüense, con el que mantiene fuertes tensiones, afirman que el líder sandinista apunta a la perpetuación en el ejercicio del poder, su concentración en unos pocos -principalmente familiares-, el control social mediante organismos partidarios y la militarización del Estado.
En marzo pasado un grupo especial de la ONU acusó al Gobierno de Ortega de desviar fondos públicos para financiar la represión de la oposición, tanto dentro como fuera del país, logrando esto último a través de una “red transnacional” de vigilancia e inteligencia.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, señaló mediante una declaración el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon.
Basándose en decenas de entrevistas y en una amplia evidencia documental, el informe sostiene que desde 2018 (año del estallido de protestas estudiantiles sofocadas con violencia armada) se han desviado fondos públicos para financiar la represión, incluidos los destinados a la asistencia social o a proyectos de limpieza.
Cabe destacar que en febrero de 2025 entró en vigor en Nicaragua una reforma a la Constitución que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes y otorgó un poder total a Ortega y Murillo.
La enmienda, duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplió de cinco a seis años el periodo presidencial y estableció que el Ejecutivo sea el encargado de “coordinar” los demás “órganos” del Estado.
De esta manera, si bien el país centroamericano debía celebrar elecciones en noviembre de 2026, teóricamente se deberían retrasar para noviembre de 2027 por la ampliación del periodo presidencial.
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