Más de 1.500 incumplimientos, debilidades o desviaciones fueron detectados en la revisión realizada a la gestión de los servicios públicos durante el periodo 2022-2026. Los casos más delicados, según el Gobierno, involucran a cuatro organismos cuyos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para determinar si podrían existir delitos.
“Inspección total” a gobierno de Boric cierra con 1.529 hallazgos
El Gobierno cerró este martes su denominada “Inspección Total”, una extensa auditoría a la gestión de más de 500 servicios públicos durante la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026)
La revisión comenzó el pasado 11 de marzo, involucró a más de mil auditores internos y consideró el análisis de 913 millones de registros.
En simple, según explicaron desde La Moneda, el objetivo era buscar señales de alerta en el manejo de los recursos públicos, revisar si los organismos cumplieron las normas y detectar fallas que deban ser corregidas.
El proceso identificó 26 señales de alerta, que dieron origen a 360 programas de auditoría. De allí surgieron 1.529 hallazgos, definidos por el Ejecutivo como desviaciones, debilidades o incumplimientos de distinta naturaleza y gravedad.
No todos estos hallazgos corresponden necesariamente a irregularidades graves o delitos. Sin embargo, 118 de ellos, distribuidos en 57 organismos, llevaron al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) a recomendar la apertura de sumarios administrativos.
Según pudo conocer BioBioChile, la recomendación ya fue comunicada a los 57 servicios involucrados y, hasta la fecha, las respectivas reparticiones han instruido más de 40 sumarios.
Estos procedimientos buscan establecer si existen funcionarios o autoridades con responsabilidades individuales por los hechos detectados.
Cuatro organismos llegan a la Fiscalía
Dentro de la inspección se seleccionaron nueve reparticiones que, según el Gobierno, requerían un “análisis especial”. En todas se instruyeron investigaciones internas, pero algunos antecedentes también fueron enviados a organismos externos.
Los casos de la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) fueron remitidos al Ministerio Público.
Ahora será la Fiscalía la que deberá revisar los antecedentes y determinar si existen hechos que puedan constituir delitos.
Los antecedentes de esas cuatro instituciones también fueron enviados a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La revisión especial incluyó además a la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Transportes.
En total, siete de los nueve casos fueron derivados a Contraloría, cinco al CDE y cuatro al Ministerio Público.
Dinero entregado a fundaciones
La “Inspección Total”, como lo llamó el gobiero de Kast, también revisó las transferencias realizadas por el Estado a entidades sin fines de lucro, entre ellas fundaciones y corporaciones.
La conclusión fue que existe una “dificultad estructural del Estado” para seguir adecuadamente esos recursos y controlar sus rendiciones.
El problema, según el Ejecutivo, es que la información se encuentra repartida entre distintos servicios y plataformas. Esto dificulta conocer oportunamente cuánto dinero fue entregado, qué rendiciones permanecen pendientes, desde cuándo están atrasadas y qué acciones se han tomado para regularizarlas.
En otras palabras, el Estado no cuenta con una visión única y actualizada que permita seguir con facilidad el recorrido de los recursos transferidos a estas organizaciones.
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo, sostuvo que el cierre de la inspección permitirá comenzar una etapa de correcciones y seguimiento.
“Los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor. Este proceso, inédito por su magnitud, es un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado”, afirmó.
Informe será entregado al presidente Kast
El comité preparará ahora un informe final con los resultados de la inspección, que será entregado al presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.
“Hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República: revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”, señaló Castillo.
La autoridad agregó que este trabajo permite “avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos, fortalecer los controles y, sobre todo, contribuir a que el Estado y sus instituciones funcionen mejor para todos los chilenos”.
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