Keiko Fujimori insiste en un fraude en el balotaje en Perú y pide ahora una auditoría internacional de la OEA. Mientras tanto, Castillo, que aún no puede ser proclamado como presidente, trata de calmar a los mercados.
A más de tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, la proclamación del ganador se sigue dilatando.
Tras denunciar un “fraude en mesa”, la candidata de derecha derrotada, Keiko Fujimori, pide ahora una auditoría internacional a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo recibió el 50.12% de los votos válidos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola por 44.058 sufragios.
Sin embargo, el fujimorismo ha impulsado una serie de impugnaciones de actas para anular unos 200.000 votos de zonas rurales.
En una carta dirigida al presidente peruano, Francisco Sagasti, Fujimori insiste en un peritaje internacional.
Esto, para que se “determine si los resultados representan la voluntad popular” y pide que se revisen “como ocurrió en Bolivia”.
¿Sin más argumentos de “fraude”?
Para el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, los argumentos de fraude del fujimorismo y sus aliados se van diluyendo, por eso ahora recurren al ámbito internacional.
“Quieren internacionalizar el tema del fraude, mientras el JNE continúa rechazando las impugnaciones. Estos pedidos siempre se tienen que revisar y pueden tardar algunos días. Se tienen que resolver para poder proclamar a Castillo como presidente electo”, explicó.
Tuesta indicó que es un error comparar el proceso electoral peruano con el caso boliviano y que una auditoría por parte de la OEA no sería viable.
“Esas fueron elecciones cuestionables donde sí hubo intromisiones de los organismos electorales y, además, nacían de informes de observadores de la propia OEA que ya señalaban problemas”, afirma el experto.
Por su parte, Lucía Dammert, analista en temas de gobernabilidad en América Latina, señaló que el pedido de la candidata sería una herramienta más del fujimorismo “para seguir dilatando el proceso”.
“Es una estrategia personal de Keiko, cuya alternativa real de sobrevivencia fuera de la cárcel es ser presidenta. Su proceso de pérdida va a ser gravísimo para la democracia, porque al final termina polarizando más a la ciudadanía”, advirtió.
Datos de actas protegidos por ley
En su intento por revertir el resultado electoral, haciendo tambalear en el camino a la ya débil democracia del país sudamericano, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori ha pedido que se revisen las actas de votación debido a la “gran cantidad de irregularidades” y que la ONPE entregue dichas actas para verificar, por ejemplo, si las firmas de los votantes son correctas.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna persona ha denunciado que se haya falsificado su firma.
Fujimori y la derecha peruana también han acusado al jurado electoral de no ser imparcial en sus resoluciones de los recursos planteados por su partido.
Pero incluso el aliado del fujimorismo Daniel Córdova, quien ha estado liderando los esfuerzos para llegar a la OEA, admitió recientemente en medios locales que no tienen “información para probar el fraude, pero sí hay presunción de fraude”.
Al respecto, el exdirector de la ONPE recuerda que es imposible entregar el acta con información de los votantes, porque violaría el secreto al voto que todo ciudadano tiene por ley.
“El acta padrón, que es el documento donde uno deja su huella digital y la firma, no se entrega. Esto es parte de la información personal sensible que la ley justamente protege. Esto no se hace en ninguna parte del mundo”, insistió.
Después del balotaje, todas las otras misiones de observadores electorales informaron que no encontraron indicios de fraude.
Además, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han coincidido en expresar su confianza en el sistema electoral peruano.
Sin embargo, detrás de los intereses económicos de los poderosos aliados del fujimorismo habrían otras razones. “Detrás de todo hay también un trasfondo clasista y racista. La élite limeña ha estado demasiado acostumbrada a tener el poder en sus manos y no ven bien que este quede ahora en manos de alguien que no conocen”, señala la analista política Dammert.
Las señales de Castillo
En medio de la incertidumbre, Pedro Castillo pidió al director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que se quede en su puesto por los cinco próximos años.
Este anuncio provocó que la moneda peruana, el Sol, y la Bolsa de Valores de Lima cerraran con un alza.
En las últimas semanas, Castillo también ha asegurado no ser “chavista ni comunista”, lo que reflejaría un alejamiento del partido Perú Libre.
“Castillo se está dando cuenta que le está costando ganar y que sus propuestas más radicales no cuentan con apoyo. Tiene que dar muestras de un giro hacia el centro, porque mantenerse como en campaña le puede costar caro”, sostiene el politólogo Tuesta.
En esa misma línea, la experta Dammert cree que estas señales de Castillo son “apropiadas”, pero eso no significa que no queden “cientos de interrogantes” sobre cómo gobernará.
