El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se preguntó cuánto tiempo la candidata presidencial Keiko Fujimori seguirá los pasos del expresidente estadounidense, Donald Trump, en su intento de demostrar un supuesto fraude electoral para evitar su derrota en las elecciones presidenciales de Perú.

Vivanco lanzó esta pregunta después de que el Departamento de Estado de EEUU asegurara que los comicios peruanos son “un modelo de democracia para la región”.

Esto, mientras está a la espera de que los organismos electorales proclamen oficialmente a su ganador.

El virtual presidente electo es el izquierdista Pedro Castillo, que sacó apenas 44.058 votos más que la derechista Fujimori, pero su victoria aún no es oficial. Su rival pidió anular unos 200.000 votos por considerarlos fraudulentos.

Las más de 800 solicitudes de Fujimori para anular mesas de votación han sido rechazadas en primera instancia por los jurados electorales. Lo anterior, por no presentar pruebas consistentes del fraude que alega la candidata.

Buena parte de estos requerimientos de nulidad han sido apelados para ser vistos en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El organismo no puede proclamar oficialmente a Castillo como ganador de las elecciones hasta que no termine de revisar cada expediente.

Pese al revés en los tribunales electorales, Fujimori sigue decidida a demostrar el supuesto “fraude sistemático” que denunció al día siguiente de las elecciones.

Fujimori en busca de pruebas

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori pidió el lunes a la población que le envíen pruebas o testimonios de irregularidades.

La mayoría de indicios presentadas hasta ahora son por supuestas firmas falsas en las actas electorales de las mesas de votación. Pese a esto, ningún miembro de las mesas de sufragio denunció que le hayan suplantado la identidad.

Hasta ahora el efecto ha sido el contrario, pues son numerosos los casos de ciudadanos que han desmentido a Fujimori y al partido Popular.

Como último recurso, Fujimori presentó un recurso de hábeas data para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comparta las listas de votantes.

Sin embargo, se advirtió que este requerimiento contraviene la Ley de Protección de Datos. Si es admitido, obligaría a la ONPE a revelar públicamente números del documento nacional de identidad (DNI), sus firmas y sus huellas dactilares.

Defensoría pide respetar los resultados

Todas las misiones de observación electoral que supervisaron el proceso de las elecciones presidenciales de Perú, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), han descartado que se produjese un “fraude sistemático” como sugiere Fujimori.

También se han manifestado en el mismo sentido la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, cuyo jefe, Walter Gutiérrez, aseguró este martes que su organización no ha percibido irregularidades y exhortó a los candidatos a reconocer los resultados una vez que el JNE culmine su trabajo.

La ausencia de evidencias de fraude quedó refrendada además con un exhaustivo análisis de todas las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos, donde no hallaron irregularidades graves.