Tras 4 años, 49 personas fueron condenadas a cadena perpetua por los asesinatos de los funcionarios de la ONU, el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán.
Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó a pena de muerte -que no se aplica en el país y se traduciría de facto en cadena perpetua- a 49 personas por el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017, confirmó Human Rights Watch (HRW).
“La investigación y, en última instancia, este juicio no han logrado sacar a la luz toda la verdad sobre lo sucedido”, lamentó a través de Twitter Thomas Fessy, investigador para la RDC de esta organización proderechos humanos, al confirmar la sentencia.
Los acusados en el juicio, que tuvo lugar en un tribunal militar de la ciudad de Kananga, eran un total de 54 -para la mayoría de los cuales la Fiscalía militar había solicitado la pena de muerte- si bien 22 fueron juzgados in absentia porque estaban fugados.
Un coronel llamado Jean de Dieu Mambweni fue condenado a diez años de cárcel tras ser declarado culpable de “violar las órdenes y de no ayudar a una persona en peligro”, según recogen medios locales.
La corte señaló que, en vez de disuadir a los expertos (el estadounidense Michael Sharp y la sueco-chilena Zaida Catalán), el coronel planeó el viaje en el que ambos acabaron despareciendo sin informar a sus superiores.
“El tribunal no miró más arriba en la cadena de mando, pasando por alto la responsabilidad del Estado”, denunció Fessy, no obstante.
Contra los acusados pesaban cargos relacionados con pertenencia a un movimiento insurreccional, asociación criminal, crimen de guerra por asesinato, crimen de guerra por mutilación o terrorismo, entre otros.
Por otro lado, el periodista Raphael Kamuzadi y un agente de policía, acusados respectivamente de haber suministrado machetes a los rebeldes a quien se atribuyó el asesinato y haber sido encontrado con una foto de uno de los líderes milicianos, fueron absueltos por falta de pruebas tras haber pasado cuatro años en prisión.
Misión de la ONU
Los cuerpos sin vida de Sharp y Catalán fueron hallados el 27 de marzo de 2017, dos semanas después de que se perdiera su rastro -junto al de otros cuatro trabajadores congoleños- mientras investigaban violaciones de derechos humanos en esta provincia.
Ambos expertos eran miembros del grupo creado por la ONU para vigilar las sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En un principio, el Gobierno congoleño culpó del crimen a la milicia Kamuina Nsapu, que en 2016 se alzó contra las autoridades en Kasái Central para vengar la muerte de su caudillo a manos del Ejército.
Sus enfrentamientos contra las fuerzas del orden causaron cientos de muertos y cerca de medio millón de desplazados.
Una investigación de la ONU en 2017 concluyó que los dos expertos pudieron ser víctimas de una emboscada al azar de una milicia, pero no descartaron una posible implicación de las autoridades.
“Las autoridades congoleñas, con el apoyo de la ONU, deberían ahora investigar el rol fundamental de los altos funcionarios pueden haber jugado en los asesinatos”, dijo este sábado Fessy, mientras la embajada sueca en la RDC hizo un llamado a que continúe la investigación “para avanzar más en el descubrimiento de la verdad y hacer justicia”.
El juicio por el crimen empezó en 2017 y se vio obstaculizado en múltiples ocasiones por contradicciones y demoras.
