La idea del Senado y la Cámara de Diputados de tener una señal de televisión abierta para poder emitir sus contenidos a todos los chilenos y no sólo a quienes cuenten con un cableoperador, no podrá concretarse.

Esto luego que un informe en derecho encargado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) concluyera que el proyecto no es viable.

Según consignó El Mercurio, en el análisis titulado “Participación del Congreso Nacional en concurso de concesiones de radiodifusión televisiva del Consejo Nacional de Televisión” y en la nota técnica llamada “Imposibilidad legal de otorgar una concesión de radiodifusión televisiva al Congreso Nacional”, se explican las razones legales por las cuales se rechaza la idea.

Recordemos que ambas Cámaras postularon de manera conjunta a una concesión televisiva, la que según el documento no podrá otorgarse, usando como argumento el artículo 12 de la Constitución, el cual establece que las opciones de operar “estaciones de televisión son del Estado, universidades y a otras entidades que determine la ley”.

A esto se suma el artículo 18 de la Ley 18.838, donde se especifica que el operador debe ser una persona jurídica de derecho o público o privado, y dado que el Parlamento no cuenta con una personalidad jurídica ni patrimonio propio, imposibilita que puedan poseer una señal abierta.

Pero como si esto fuera poco, también hacen mención de una “situación anómala”, según consigna el diario nacional. Y es que se estaría entregando una concesión a la Cámara de Diputados que ejerce como fiscalizador sobre el CNTV “y que mediante el Senado, conforma la integración del CNTV”.

El documento también advierte que si llega a considerar la “opción de postulación del Congreso Nacional o de cualquiera de sus cámaras en un concurso de otorgamiento de concesiones de radiodifusión televisiva, no como representante del Estado de acuerdo a la previsión constitucional, sino como una persona jurídica de derecho público, resulta que no reviste tal calidad”.

El comentado informe no dejó contentos a los integrantes del Congreso, donde se asegura que los argumentos no tienen sustentos jurídicos, por lo que el Senado ya está trabajando en un contrainforme en derecho en respuesta, algo que también podría hacer la Cámara de Diputados.