Tras el aumento de la comercialización de motocicletas de baja cilindrada, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización en distintas regiones del país.

Lo anterior, luego de detectar a través de algunos reclamos, alertas ciudadanas y otros antecedentes entregados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), que no se estaría entregando toda la información a los consumidores por parte de los locales respecto de los deberes y requisitos que aplican a este tipo de vehículos motorizados.

Esta fiscalización tiene como objetivo comprobar en terreno los eventuales incumplimientos en la entrega de información de acuerdo a las exigencias de la Ley del Consumidor, trabajo que se originó en coordinación con el MTT.

Para el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, la falta de información relevante antes de comprar estos vehículos “afecta a los consumidores especialmente, pues pagan por algo que no podrán usar o se expondrán a multas por no cumplir con las exigencias que establece la normativa de transportes para este tipo de vehículos”.

De hecho, para poder usar este tipo de vehículos se requiere entre otros requisitos, contar con licencia de clase C, ya que son consideradas como motocicletas.

La autoridad explica que todas las empresas del país tienen la obligación de cumplir la Ley del Consumidor, la cual establece el deber de informar veraz y oportunamente a los consumidores todas las características relevantes de sus productos, “lo que no se estaría cumpliendo en el caso de la venta de motocicletas de baja cilindrada”, enfatizó Del Villar.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, indicó que “conducir una motocicleta conlleva una gran responsabilidad, ya que los motociclistas son uno de los usuarios más vulnerables al no contar con una capa protectora. Manejar un vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir significa un riesgo de seguridad vial para los propios conductores y también para otras personas en el tránsito”.

Explica que, por ello, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito está realizando la campaña educativa #EsMoto, que tiene como propósito informar a los conductores de motocicletas de baja cilindrada y de motocicletas eléctricas la importancia de contar con toda la documentación obligatoria, como por ejemplo la placa patente, el permiso de circulación, el seguro SOAP y la licencia de conducir clase C que acredita que un conductor cuenta con las destrezas y habilidades necesarias.

La fiscalización del Sernac se enfocará en el comercio especializado y buscará verificar la calidad de la información que se le está entregando a los consumidores en relación a los requisitos que debe cumplir el conductor y también las condiciones del producto, como, por ejemplo, la entrega de los certificados de homologación que requieren estos vehículos para circular en el país, entre otros antecedentes.

Una vez que se analicen los antecedentes y de acuerdo a los hallazgos, el Sernac tomará las acciones que correspondan.

De manera complementaria, el servicio ha estado fiscalizando la venta de cascos de motocicletas para verificar la información disponible en el producto, rotulación e información sobre la acreditación del mismo.

Lo que exige la normativa

En el caso de todas las motocicletas a combustión, incluyendo las de baja cilindrada (motor de 49 cc o menos), y aquellos vehículos eléctricos con una potencia mayor a 250 watts y/o que alcanzan una velocidad superior a los 25 km/hora, lo que corresponde es que los dependientes de los locales expliquen a los consumidores cuáles son los requisitos que establece la normativa de transportes para el uso de este tipo de vehículos en el país.

Específicamente, estas motocicletas deben contar con su certificado de homologación al momento de ser comercializadas y los propietarios deben realizar la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

Además, deben contar con placa patente, permiso de circulación, revisión técnica y SOAP para poder circular por las calles. Además, los usuarios requieren contar con licencia de clase C.

En caso que los locales no respeten el derecho de los consumidores a recibir toda la información veraz y oportuna, se arriesgan a multas que pueden llegar hasta las 300 UTM por cada infracción, esto es, alrededor de 15 millones 600 mil pesos.