La crisis de las isapres se agudizaría todavía más tras el nuevo dictamen que emitió el máximo órgano jurisdiccional del país, esta vez ligado a los cobros aplicados a la prima GES. La presión para que las instituciones privadas realicen devoluciones proviene desde hace meses, pero los montos involucrados -según las aludidas- escapa de sus arcas.

La Corte Suprema emitió un nuevo fallo relativo a las isapres, que vendría a poner una nueva lápida sobre estas instituciones.

Ya la Corte había acogido previamente una serie de recursos de protección que solicitaban que las isapres aplicaran la tabla de factores y que, en efecto, bloqueó el alza de los planes.

Y si bien se cumplió eso último, las isapres sí aplicaron aumentos relacionados a la prima GES (Garantías Explícitas en Salud) en octubre de 2022. Por ello, este nuevo fallo determinó dejar aquello sin efecto para todos los afiliados, lo que derivaría en devoluciones (por sobrepasar los márgenes).

A diferencia de las personas afiliadas a Fonasa -que financian las GES con cargo al 7% de su renta imponible- los afiliados a isapres deben pagar el precio que cada una de ellas establezca; y que son los siguientes (mensual):

Con el resultado de este nuevo fallo, las isapres deberán reajustar el cobro GES al tope anual (7,14 UF).

¿Qué pasará ahora con las isapres?

Por todo lo anterior, y con el peso del nuevo fallo de la Corte Suprema, podría haber devoluciones del dinero pagado en exceso por los afiliados desde octubre del año pasado (dinero ligado al GES).

Eso sí, ahora deberá ser la Superintendencia de Salud quien tendrá que resolver el eventual proceso a seguir.

Las isapres han enfatizado, mediante comunicados públicos, que las decisiones judiciales y las propuestas del Gobierno estarían apuntando a un monopolio estatal, “dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”. Posibles devoluciones -por cobros cuestionados históricamente- serían “inviables”.

Víctor Torres, superintendente de Salud, con el primer dictamen de la Suprema en mano dijo en mayo pasado que las instituciones deberían devolver “1 billón 121 mil 615 millones 765 mil 157 pesos”.

Argumentando pérdidas por fuga de afiliados a Fonasa, más los congelamientos de los precios de los planes, las isapres han afirmado que no están en condiciones de desembolsar esas devoluciones. Entrarían en un “déficit permanente” que conllevaría a su cierre.

Fugas a Fonasa

En medio de toda esta crisis, miles de personas decidieron cambiarse a Fonasa. Camilo Cid, director del organismo, comunicó en mayo de este año 360 mil ingresos desde el sistema privado al público entre enero de 2022 y marzo de 2023.

Y si se analiza un período de tiempo más amplio, 548 mil personas pasaron del sistema privado al público en 3 años (con cierre de datos a enero de 2023).

Cid ha admitido que esta tendencia continuaría.

Sobre las opiniones de que esta situación colapsaría todavía más a Fonasa -y con la posibilidad de una migración forzada- desde el Ejecutivo han mencionado que continuarán fortaleciendo al Fondo Nacional de Salud para que su estructura esté a la altura.

Además, salió a la luz pública un nuevo concepto: “Fonasa Plus”, con la idea de un plan “premium”, para que los exafiliados a isapres puedan mantener sus coberturas y accesos “lo más similar”.

Los cálculos de la Odecu

En paralelo, el 25 de julio la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) informó que demandó a las isapres Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida y Vida Tres “por cobros excesivos realizados, desde al menos 2011, a todos sus afiliados”.

La Organización señaló que las isapres tienen “el deber legal” de disminuir los precios de los planes de salud de sus afiliados, en la medida que las circunstancias que determinan los factores de riesgo cambian, “pero ellas sin embargo no lo han hecho durante más de una década”.

Debido a eso, “cobraron en exceso una totalidad de US$5.400 millones sus afiliados”, según cálculos de la Odecu.

Pero esta demanda tiene una arista: busca que se establezca un mecanismo de pago de la deuda a todos los afiliados, sin efecto relativo, pero que no implique riesgo de insolvencia para las isapres, “pues darles viabilidad económica es la forma de asegurar el pago de dicha deuda”.