La constructora Claro, Vicuña, Valenzuela -que recientemente solicitó su quiebra- tiene compromisos no cumplidos con 1.400 acreedores, entre los que figuran bancos, tiendas y empresas de diversos rubros.
En los últimos días se confirmó que la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV) solicitó su quiebra: anunció que desmovilizaría más de 30 obras y despediría a 2.500 personas, ante alzas de costos que -aseguró- no podía solventar.
Los pasivos de la compañía superaron los US$60 millones y su situación generó nuevas alertas en el gremio y mundo político, ya que mantenía vigentes contratos con el Estado ligados a proyectos de infraestructura pública en más de una región (puente Bicentenario sobre el río Bío Bío, eje Colón de Talcahuano, by pass de Castro, por mencionar a algunos).
¿A quiénes les debe CVV?
El abogado Nelson Contador, que asesora a la constructora CVV, confirmó el viernes que la compañía avanzaría hacia su liquidación “afectada por los cambios estructurales que enfrenta la industria de la construcción y la burocracia de los mandantes públicos”, apuntando directamente al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En la previa a llegar a eso, la empresa aseguró que tomó medidas como la inyección de recursos por parte de los accionistas, reducción de gastos fijos, entre otros.
Sin embargo, lo anterior no fue suficiente frente a los créditos y compromisos no cumplidos con sus acreedores, que en total son 1.400.
Conforme a un detalle al cual tuvo acceso Diario Financiero, el mayor acreedor de la constructora CVV es el Banco Santander, pero también dejó pendientes con los bancos Estado, Itaú y de Chile.
Entre los acreedores no bancarios figuran fondos de inversión; además de cuentas por pagar a decenas de empresas.
Por ejemplo, en el listado aparecen Sodimac, Cementos Bio Bio, Copec, Salinas y Fabres (Salfa), firmas de servicios de ingeniería e industriales; y servicios de transportes.
Crisis en la construcción
El 4 de octubre el presidente Gabriel Boric acudió a la inauguración de EDIFICA, Feria Internacional de la Construcción, junto a los ministros de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas, Carlos Montes y Juan Carlos García, respectivamente.
En el evento el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antonio Errázuriz señaló a los presentes que la industria de la construcción estaba “pasando por momentos complejos”.
Para enfrentar eso hizo un llamado a un trabajo conjunto, tomando en cuenta que los márgenes de las más de 700.000 empresas que conforman el rubro “no resisten un alza de precio de materiales de 37% en un año, a lo que se suma el encarecimiento del crédito y a la pérdida de dinamismo en la incorporación y venta de nuestros proyectos”.
“Necesitamos disminuir la burocracia y destrabar las iniciativas de inversión que están en curso; aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución y crear una línea de financiamiento especial y se mejore el mecanismo de reorganización judicial existente”, dijo Errázuriz.
El Ejecutivo salió al paso de la quiebra de Claro, Vicuña, Valenzuela en voz del titular del MOP, Juan Carlos García, quien sostuvo que en los últimos meses le entregaron pagos por más de $8 mil millones.
Añadió que se mantienen 10 contratos vigentes con CVV y que habían tres obras cerca de terminarse, por lo que descartaban responsabilidad en la solicitud de quiebra.
“Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del MOP. En los últimos meses se realizaron pagos por más de $8 mil millones. Aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos”, sentenció García.
El Congreso espera medidas para ayudar al sector de la construcción, a través de un respaldo al aumento de los costos y una mayor eficiencia administrativa. El escenario se revisará esta semana en la Comisión de Obras Públicas del Senado.
En el Gobierno, en tanto, iniciaron un trabajo con el Consejo de Defensa del Estado: han repasado medidas tales como hacer exigibles las boletas de garantía; y realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora.
