Los gremialistas advirtieron que han sido "cientos de reclamos" los que han presentado los clientes durante el último año, denunciando la negativa por parte de las automotoras para adquirir un vehículo al contado o con otro medio de pago que no sea el ofrecido por ellos.
Los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, pidieron que se investigue una “posible colusión” entre las automotoras por la “venta atada de vehículos nuevos”.
Oficiaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y entregaron un escrito a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que indaguen al respecto.
Los parlamentarios acusaron que las empresas podrían estar “atentando contra la libre competencia”, a raíz de la “venta atada que muchas automotoras estarían realizando a la hora de adquirir un vehículo nuevo, negando su venta o retrasando la entrega si es que la compra no se realiza a través del crédito bancario que ellos ofrecen”.
A través de un comunicado, los gremialistas advirtieron que han sido “cientos de reclamos” los que han presentado los clientes durante el último año, denunciando la negativa por parte de las automotoras para adquirir un vehículo al contado o con otro medio de pago que no sea el ofrecido por ellos.
“Decidimos acudir a la FNE para que puedan investigar una posible colusión en el mercado automotriz, porque llega a ser bastante evidente que todas, o la gran mayoría de las automotoras, se están negando a vender un vehículo si es que el cliente no contrata el crédito que ellos ofrecen, que por definición tiene un mayor costo, lo que atenta contra la competencia y la libertad de elegir de los consumidores”, cuestionaron los diputados.
Por lo mismo, Coloma y Donoso también decidieron oficiar al Sernac a raíz de lo que acusan, solicitando que el organismo les informe sobre las investigaciones que anteriormente pudieron haber realizado y las eventuales sanciones que podrían aplicar contra dichas empresas.
“Es bastante inaceptable que las automotoras establezcan condiciones arbitrarias a la hora de vender un vehículo. Los clientes tienen el derecho a elegir la forma de pago (…)”, señalaron.
En abril del año pasado, el Sernac realizó una fiscalización a las empresas automotoras del país.
Eso, tras detectar a través de reclamos “una serie de prácticas” que podían constituir infracciones a la Ley del Consumidor, entre ellas: ventas atadas, retardos en la entrega de los vehículos y negativa a la venta si la persona no opta por un crédito ofrecido por la misma empresa.
También recibieron reclamos que indicaban que no se estaban respetando las fechas de entrega de los vehículos comprados o demorarían en la devolución del dinero de reservas anuladas.
