Orionx, plataforma chilena de criptomonedas, anunció su cierre definitivo luego de detectar un descalce superior a US$7 millones.
La firma fue creada en 2017 y llegó a reunir a más de 100 mil personas registradas para operar con criptoactivos, según los antecedentes expuestos por la propia compañía en una querella que fue revisada por BioBioChile.
Su modelo incluía la compra, venta e intercambio de criptomonedas, además de la custodia de activos digitales de terceros.
El desplome de la plataforma ocurre después de que este año la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazara la solicitud de Orionx para inscribirse y obtener autorización en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
La CMF aclaró este viernes que Orionx y sus actividades nunca estuvieron bajo su fiscalización y que el organismo tampoco está supervisando el actual proceso de cierre de la empresa.
Varios movimientos extraños
La querella presentada por la compañía apunta contra sus exejecutivos y cofundadores Joaquín Díaz y Roberto Zibert,.
Según el escrito, los movimientos irregulares se produjeron principalmente entre 2021 y 2022; y fueron realizados desde sistemas a los que ambos tenían acceso privilegiado.
Lo que comenzó como un descalce de activos terminó convirtiéndose en una crisis que obligó a Orionx a bajar la cortina. La plataforma chilena de compra, venta y custodia de criptomonedas anunció esta semana el inicio de un proceso de cierre definitivo, después de que una auditoría detectara que más de US$7 millones en activos bajo custodia habían terminado en billeteras que no eran administradas por la compañía.
La arista más delicada está en la querella criminal presentada por Orionx ante el Ministerio Público.
El escrito acusa por el delito de “administración desleal” al exgerente general Roberto Zibert y al exgerente de Tecnología, Joaquín Díaz, ambos cofundadores, además de dirigirse contra quienes eventualmente resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.
La acusación, sin embargo, deberá ser investigada y acreditada por el Ministerio Público.
Un “robo hormiga” desde las billeteras digitales
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, el mecanismo no habría consistido necesariamente en una única transferencia millonaria, sino en una serie de movimientos de criptoactivos que terminaron provocando un enorme agujero en las custodias de la compañía.
La querella sitúa los principales movimientos cuestionados entre 2021 y 2022, aunque también menciona hallazgos anteriores, correspondientes a julio de 2018 y enero de 2019.
La lógica que plantea la compañía es que los activos que pertenecían o estaban bajo custodia de Orionx, culminaron en determinadas operaciones que los habrían trasladado hacia billeteras que no estaban administradas por la empresa.
La auditoría detectó que los saldos que aparecían en los sistemas internos de Orionx no coincidían con lo que efectivamente podía verificarse en las respectivas blockchains.
En otras palabras, el sistema podía mostrar que determinados bitcoins, ethers, XRP o Polygon estaban disponibles, pero al revisar las direcciones digitales donde debían encontrarse, esos activos no aparecían.
El problema: ¿quién tenía las llaves?
Uno de los elementos centrales de la acusación está en el acceso a los sistemas.
Según la querella, Joaquín Díaz y Roberto Zibert eran precisamente quienes concentraban el conocimiento técnico y los permisos necesarios para operar los sistemas relacionados con la custodia de criptomonedas.
El escrito sostiene que ambos habían creado el sistema y que, por ello, tenían conocimiento privilegiado sobre su funcionamiento, además de contar con accesos y permisos para operar los criptoactivos.
Según la querella, inicialmente se les pidió a los propios Zibert y Díaz que colaboraran en la investigación para determinar el origen del descalce. Sin embargo, el comité encargado de revisar los antecedentes habría encontrado una “asimetría de información”, pues quienes tenían los accesos privilegiados no habrían entregado información suficiente y verificable.
Pese a ello, la revisión permitió identificar inconsistencias, movimientos hacia otras plataformas y problemas en la forma en que estaban organizadas las cuentas y billeteras.
Más de US$6 millones detectados en cuatro criptomonedas
La auditoría llegó a una conclusión especialmente relevante al comparar los registros internos con la información que podía comprobarse directamente en las blockchains.
Para “Bitcoin, Ethereum, Polygon y XRP”, el saldo que figuraba en los sistemas de Orionx era superior al que efectivamente podía verificarse en las direcciones bajo custodia de la empresa.
La querella cifra en aproximadamente US$6.066.152 el perjuicio detectado en esa revisión y advierte que el monto podría aumentar a medida que avance la investigación del Ministerio Público.
La cifra explica también por qué existen dos montos circulando en torno al caso: Orionx comunicó públicamente que la auditoría confirmó una salida de activos “superior a US$7 millones”, mientras que el detalle de la querella cuantifica inicialmente en US$6,06 millones el perjuicio asociado a las cuatro criptomonedas examinadas.
El informe, según la acción judicial, planteó además como hipótesis que la falta de activos podía explicarse por una combinación de “robo y pérdidas derivadas de actividades de trading” realizadas eventualmente por personas vinculadas a la compañía.
Clientes: retiros suspendidos y sin garantía de recuperación total
Mientras se desarrolla la investigación, los clientes quedaron con sus retiros temporalmente suspendidos.
Orionx aseguró que la medida busca evitar que algunos usuarios puedan retirar antes que otros y obtener una ventaja frente al resto. La compañía afirma que ya está implementando un plan de cierre y restitución de activos y que buscará devolver “la mayor cantidad posible” de los fondos.
Sin embargo, la plataforma reconoce que “no puede garantizar actualmente la restitución del 100% de los activos de sus clientes”.
Por todo, una de las interrogantes que deberá despejar la investigación penal será cómo la plataforma encargada de custodiar los criptoactivos de miles de personas pudo acumular durante años un descalce de millones de dólares sin que la diferencia entre los registros internos y los saldos reales fuera detectada oportunamente.
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