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Los asesores de presidentes y ministros de Defensa y Relaciones Exteriores deben redactar las declaraciones oficiales con un equilibrado empleo de los silencios, las objeciones y las palabras.
Pero esa es una tarea secundaria frente a su razón de ser: cubrir los puntos ciegos de la autoridad con profesionalismo, diligencia y con consciencia situacional, lo que en ocasiones implica actuar, incluso, contra el ímpetu del mandatario para evitar que se vea comprometido en un concurso de ideas difusas, equívocas o potencialmente dañinas. Así las cosas, el Comunicado Conjunto suscrito entre Chile y Argentina nos terminó amarrando a un diseño estratégico ajeno.
Primero, la controversia por las declaraciones de altos mandos militares podríamos darla por zanjada por cuanto la Declaración reconoce la soberanía total que tiene Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Pero tales párrafos no son más que niebla sobre el terreno.
El problema de fondo no radica a nivel de relato político que puede sostener o no una autoridad civil o militar. El nudo está cuando dicho relato tiene como sostén una doctrina. Y precisamente eso es la Directiva de Defensa (Decreto 457/2021).
Una orientación superior que emana del conductor político de la defensa nacional que produce principios, reglas y conceptos guías que determinan como las Fuerzas Armadas planifican, se entrenan y operan; cómo entienden que Argentina debe defenderse y proyectarse para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Así entendido, este documento que establece el Estrecho como un “espacio compartido” de control conjunto, difícilmente podría ser derogable, menos puesto a prueba en una declaración o pedir a sus Fuerzas Armadas que modifiquen su concepto estratégico.
El segundo tema de interés radica en la soberanía argentina sobre las Falklands reconocida por Chile, lo cual nos trae algunos temas que merecen atención.
Por un lado, el apoyo del gobierno al “legítimo” derecho de soberanía de Argentina sobre las Falklands, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes obedece a una inercia de nuestra política exterior, pero también fue una moneda de cambio para frenar la crisis provocada por la cuestión del Estrecho.
Con ello se entiende que Chile apoya no solo las islas, sino también los espacios marítimos, lo que incluye el fondo marino que Argentina reclama como plataforma extendida, lo que eventualmente colisiona con nuestros intereses. Y contextualizado al candente entorno geopolítico, es poco probable que esto afecte nuestra relación con Reino Unido en materia de defensa, considerando el ascendente sobre la doctrina y las capacidades de la Armada de Chile que son históricas y consolidadas. Pero habrá que ver cómo se desarrolla la neutralidad de Estados Unidos en este tema.
El otro elemento es la valoración expresada por el presidente trasandino a los esfuerzos de Chile por evitar la consolidación de actividades ilegales en la zona de las islas, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.
Esto es un problema a la luz del Decreto 256 que colisiona con tratados vigentes y con la CONVEMAR respecto a la libertad de navegación por nuestro Estrecho. Recordar el último altercado del buque británico HMS Medway que realizaba operaciones logísticas antárticas y recaló en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas desde las Falklands, ante lo cual Cancillería argentina presentó una nota formal de protesta al Reino Unido.
No obstante, la alerta estratégica debe estar puesta en Punta Arenas. Su alcalde afirmó recientemente que esta restricción con las Falklands ha significado un golpe casi mortal a la economía magallánica que cuantifica en US$300 millones, por lo cual decidieron gestionar una negociación con las islas para poner en marcha una ruta de comercio bilateral, lo que permitiría abaratar costos para los habitantes británicos y comerciar productos chilenos a precios competitivos.
Claramente esto generaría un nuevo problema con los argentinos que muy bien podrían bloquear o entorpecer el comercio terrestre de Magallanes que depende de los pasos Cardenal Samorè (norte – sur), y de San Sebastián y Monte Aymond (sur – norte) para su suministro.
Por último, y no menos importante, es la carta redactada por exalmirantes chilenos que sostienen, en lo fundamental, que es complejo construir una relación de confianza mientras subsisten disposiciones que Chile considera incompatibles con tratados vigentes.
Siguiendo esta idea, resulta innegable que nuestro país siempre ha tenido la disposición de generar espacios de integración y cooperación en diversos ámbitos, entendiendo que somos dos naciones con desafíos y necesidades de desarrollo convergentes.
Pero una tendencia a sobreponer aspiraciones ajenas sobre nuestros intereses soberanos debe tener un coto, el cual viene dado necesariamente por algunos elementos mucho más estructurales: pasar de respuestas de baja intensidad a otras de mayor intensidad en distintos ámbitos, cuando hechos así se reiteren, evaluar si conviene mantener algunos mecanismos de cooperación, asumir en la práctica la necesidad urgente de potenciar nuestras capacidades militares en el teatro austral y acelerar la soberanía efectiva y la continuidad territorial desde la undécima región hacia el sur. He ahí nuestro imperativo estratégico y también de supervivencia.
