Juez retiró custodia de Gendarmería a joven condenado por homicidio: huyó durante salida a Copiapó

Un adolescente que cumplía una internación en régimen cerrado luego de ser condenado a 10 años por homicidio escapó durante una salida autorizada para participar en actividades vinculadas al bautizo de su hijo.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió a los documentos que reconstruyen las decisiones adoptadas antes del hecho y que revelan una diferencia fundamental entre las condiciones de seguridad dispuestas originalmente por la dirección del recinto y aquellas ordenadas posteriormente por el Juzgado de Garantía de Copiapó.

El permiso había sido concedido administrativamente por la dirección del centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó, que estableció expresamente que todas las salidas debían desarrollarse “bajo vigilancia y custodia de Gendarmería”.
Esa condición, sin embargo, fue eliminada por una resolución judicial.

La solicitud de la defensa

El 25 de agosto, el director subrogante del recinto informó al tribunal que había autorizado al adolescente para concurrir a tres charlas preparatorias del bautismo, programadas para los días 2, 3 y 4 de septiembre en la Catedral de Copiapó.

También se autorizó una salida para participar en la ceremonia religiosa, fijada inicialmente para el 5 de septiembre, entre las 13:30 y las 17:00 horas.

La decisión administrativa fue fundamentada en el fortalecimiento del rol paterno y del vínculo con su hijo. No obstante, el oficio incorporó una condición concreta de seguridad: el adolescente debía permanecer bajo vigilancia y custodia de funcionarios de Gendarmería durante cada una de las salidas.

La defensa no cuestionó el permiso, pero presentó una cautela de garantías para modificar la forma en que sería ejecutado. Solicitó que el joven fuera acompañado solamente por gestores de casos o profesionales del centro, sin custodia penitenciaria y sin esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción.

Juez excluyó a Gendarmería

El 26 de agosto, el juez del Juzgado de Garantía de Copiapó Víctor Manuel Santana Escobar acogió la petición de la defensa.

La resolución ordenó que las salidas se efectuaran con “el acompañamiento de gestores de casos o profesionales de intervención directa” del IP-IRC, pero “sin custodia de funcionarios de Gendarmería de Chile”.

El magistrado también prohibió el uso de esposas, grilletes u otros elementos de sujeción.
Para adoptar la decisión, el tribunal invocó el interés superior del hijo del adolescente, el fortalecimiento del vínculo paterno-filial, la finalidad socioeducativa de la sanción y el derecho a recibir un trato digno.

El fallo dejó en manos de la dirección del centro la determinación del número de profesionales que debía acompañarlo y la aplicación de otras medidas de supervisión, siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

No era la primera vez que el tribunal resolvía de esa manera. Según el mismo documento, en una audiencia celebrada el 12 de junio ya había autorizado otra salida del adolescente acompañado por gestores de casos, pero sin funcionarios de Gendarmería ni elementos de sujeción.

El escape

Durante el desarrollo de una de las salidas autorizadas, el adolescente vulneró las medidas de seguridad aplicadas por los monitores y concretó su abandono.

Gendarmería sostuvo que no tuvo participación en el procedimiento, debido a que la orden judicial había excluido expresamente a sus funcionarios de la custodia.

“Gendarmería de Chile no tiene participación ni incidencia alguna en este evento”, señala la información institucional conocida por Radio Bío Bío.

El episodio abre interrogantes sobre la evaluación del riesgo realizada antes de autorizar la salida sin custodia penitenciaria, las advertencias entregadas al tribunal y la capacidad efectiva de los profesionales del centro para impedir una evasión.

También vuelve a instalar una discusión que durante las últimas semanas ha enfrentado decisiones judiciales con los criterios técnicos de Gendarmería: hasta dónde pueden intervenir los tribunales en la ejecución de medidas de seguridad que la autoridad administrativa considera necesarias.

Hasta el cierre de esta publicación, se mantenían las diligencias destinadas a localizar al adolescente y esclarecer las circunstancias exactas en que logró escapar de sus acompañantes.

En tanto, el debate sobre el criterio de algunos jueces sigue entredicho.