La Fiscalía Local de Coyhaique cerró nuevamente la investigación por un presunto fraude al Fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto y presentó una acusación contra ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.
De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio para el Estado supera los $100 millones. Entre los acusados por fraude al fisco se encuentra Calisto, quien es investigado por hechos ocurridos principalmente durante el período en que ejercía como diputado.
La acusación fue presentada luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la investigación para realizar diligencias específicas solicitadas por las defensas. Entre ellas estuvieron nuevas declaraciones y peritajes.
Según la Fiscalía, esas diligencias no modificaron su tesis, sino que permitieron reforzarla. En particular, el Ministerio Público sostiene que las supuestas asesorías parlamentarias realizadas por Carla Graf, quien fue contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto, nunca se efectuaron.
Fiscalía sostiene que las asesorías no se realizaron
La investigación apunta a contratos celebrados entre la Cámara de Diputados y Graf entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado.
Según la acusación, el parlamentario habría realizado las gestiones necesarias para concretar la contratación, pese a que sabía que Graf no cumpliría las funciones establecidas en sus contratos.
La Fiscalía sostiene que los contratos fueron utilizados como un mecanismo para obtener recursos fiscales de manera irregular y que parte de esos dineros terminó beneficiando a Calisto, Roland Cárcamo y otras personas vinculadas al entonces Partido Demócrata Cristiano.
El Ministerio Público afirma que las nuevas declaraciones tomadas durante la reapertura de la causa tampoco permitieron establecer cómo, cuándo o de qué manera Graf habría realizado las labores por las que recibía remuneraciones.
Entre quienes prestaron declaración estuvieron integrantes del equipo parlamentario de Calisto, como su jefe de gabinete, periodista, secretaria y chofer. De acuerdo con la Fiscalía, ninguno pudo explicar en detalle el trabajo que habría realizado Graf.
La acusación coincide con antecedentes publicados previamente por Bío Bío Investiga. En esas publicaciones, Graf y Cárcamo cambiaron sus versiones iniciales y afirmaron ante la Fiscalía que las asesorías no se realizaron. Cárcamo sostuvo que Graf había sido utilizada como un “palo blanco”, mientras que ella declaró que no prestó asesorías ni por escrito ni verbalmente.
Disputa por los informes y traspasos de dinero
La defensa de Calisto mantiene una versión distinta. Su abogado, César Ramos, ha sostenido que Graf sí prestó servicios como personal de apoyo a la función parlamentaria y que existen declaraciones, mensajes de WhatsApp y documentos que respaldarían esa posición.
Calisto también había señalado que las asesorías eran principalmente de carácter estratégico y que mantenía contacto directo con Graf, incluso por teléfono. Entre los antecedentes cuestionados están informes que supuestamente respaldaban las actividades realizadas.
La Fiscalía, en cambio, sostiene que esos documentos no acreditan trabajos efectivamente realizados.
Otro de los elementos considerados en la investigación son los traspasos de dinero entre Graf y Calisto. Según antecedentes de la causa publicados por Bío Bío Investiga, en abril de 2021 Graf recibió cerca de $2,8 millones desde el Congreso y ese mismo día transfirió un monto equivalente a Calisto. La Fiscalía estima que el fraude investigado supera los $105 millones.
La defensa ha rechazado que esos movimientos constituyan una irregularidad y los ha explicado como transferencias vinculadas a relaciones de amistad, vecindad y proyectos compartidos.
Fiscalía pide nuevamente el desafuero de Calisto
Junto con la acusación, el Ministerio Público solicitó nuevamente el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La Fiscalía sostiene que, debido a su condición de senador, el tribunal debe determinar si existe mérito suficiente para que los capítulos de la acusación puedan avanzar y para que el proceso continúe hacia la preparación del juicio oral.
La solicitud de desafuero ya había sido planteada anteriormente en el marco de esta investigación. En junio, la Fiscalía había acusado a Calisto y solicitado una pena de 12 años de presidio, argumentando que los hechos investigados fueron reiterados y que el perjuicio fiscal superaba los $100 millones.
Ahora, con el cierre de la investigación y la nueva acusación, el caso queda nuevamente a la espera de la resolución de la justicia respecto del desafuero del senador.
Enviando corrección, espere un momento...
