La Contraloría General de la República (CGR) dio un “tirón de orejas” al Gobierno, luego de que confirmara el uso de dependencias de La Moneda para una negociación electoral oficialista de cara a los comicios de octubre de 2024.
A través de un dictamen fechado a fines del mes recién pasado —al que accedió Bío Bío Investiga—, el ente de control objetó la reunión celebrada el 24 de julio de ese año en el Palacio del Ejecutivo.
En la cita —que estuvo encabezada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y que contó con la participación de representantes de partidos afines al Gobierno— no sólo se abordaron temas propios de la función pública, sino además se trató la estrategia de ese sector para las elecciones municipales y a gobernadores pasadas.
De acuerdo con información recabada por esta Unidad de Investigación, fue una denuncia de los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Flor Weisse, la que puso en alerta al organismo presidido por Dorothy Pérez. Según reza el documento, ambos congresistas apuntaron que no sólo conversaron del veto presidencial a un proyecto de ley, sino también respecto de la negociación que llevaban adelante con la Democracia Cristiana para definir listas únicas.
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“Tangencial”
Requerida por la Contraloría, desde la Subsecretaría del Interior confirmaron la reunión, aunque hicieron dos salvedades.
En primer lugar, aseguraron que el veto al proyecto que permitía la realización de las elecciones municipales y regionales de ese año en dos días, se enmarcaba dentro de la función del Gobierno. Y en segundo lugar, respecto de la discusión electoral, indicaron que se abordó sólo de manera “tangencial”.
La entonces ministra Tohá, afirmaron desde Interior, actuó en su rol de jefa del Comité Político, por lo que, a juicio del organismo, no podría considerarse una actividad ajena a sus funciones ni que implicara proselitismo o una contravención al principio de presidencia política.
“Favorecer ni perjudicar”
Pese a los descargos del Gobierno, la Contraloría recordó dictámenes anteriores que regulan esta materia.
Apuntó, por ejemplo, que los funcionarios públicos, en el desempeño de su cargo, no pueden realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político.
“Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”, explicitó la Contraloría.
El tirón de orejas
De este modo, concluyó que era posible advertir que en este caso, la actuación de Tohá “no buscó dar cumplimiento a alguna de las funciones públicas que atañen al Ministerio del Interior”.
Tampoco, estimó el ente de control, la cita “tuvo por finalidad referirse a una determinada política pública o informar a la comunidad respecto de las temáticas de relevancia pública con repercusiones políticas sobre el Gobierno, que conciten el interés de los medios de comunicación y de la ciudadanía”.
“Esta Cartera de Estado deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas conducentes para evitar la reiteración de ese tipo de situaciones, aun cuando se verifique de manera tangencial, como sostiene el reseñado informe”, sentenció el organismo.
Requerida la exministra Tohá, no estuvo disponible para este artículo. En tanto, el diputado Felipe Donoso, denunciante de este caso, cuestionó el uso de las instalaciones gubernamentales para hacer acciones políticas electorales.
“Usaron el poder y recursos fiscales”, fustigó.
El dictamen de la Contraloría llega justo luego de que el mismo organismo descubriera irregularidades en el uso del auto fiscal de la ministra vocero de gobierno, Camila Vallejo, para actividades partidistas.
“Estamos tranquilos porque tenemos los antecedentes necesarios para que esas observaciones sean subsanadas”, aseguraron desde el Ejecutivo tras conocerse los resultados de la auditoría.
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