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Nada de esto elimina por sí solo las desigualdades estructurales del país, pero sí redefine el punto de partida.
La política social solo es efectiva cuando el país se mira con honestidad y cuando el Estado logra acercarse a las personas. Sin embargo, durante años nos acostumbramos a instrumentos que no siempre reflejan las transformaciones de la sociedad.
El costo de la vida subió, las desigualdades territoriales se profundizaron y el trabajo de cuidados, que sostiene silenciosamente la economía, ya no puede ser ignorado.
Por otro lado, naturalizamos un modelo en el que acceder a un derecho depende de entender formularios, reunir documentos, saber postular y tener tiempo para insistir. No es solo burocracia, es una concepción del Estado en la que la protección social depende demasiado de la iniciativa individual.
En estos cuatro años impulsamos dos cambios estructurales: elevamos el estándar con que Chile se observa a través de sus datos oficiales e instauramos una nueva forma en la que el Estado llega a las familias.
Convocamos a la segunda Comisión Asesora Presidencial para actualizar la medición de la pobreza, subiendo el umbral de lo que entendemos por una vida digna y ajustando los parámetros para reflejar mejor el costo de cubrir las necesidades básicas. Los resultados de la encuesta Casen 2024, bajo este nuevo marco, muestran que casi 600 mil personas salieron de la pobreza y que el país cuenta con una vara más exigente para su política social.
Medir mejor permite cuestionar el paradigma tradicional de focalización. El Registro Social de Hogares ordena la asignación de beneficios a nivel de hogar, pero muchos de ellos comparten barreras que les impone el entorno en el que viven.
El nuevo Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Socioterritorial representa un cambio paradigmático al reconocer que habitar en un mismo territorio implica compartir riesgos y brechas de acceso que moldean las oportunidades.
Por otra parte, la creación de la Ventanilla Única Social no fue solo una modernización digital, fue una decisión política sobre cómo debe organizarse el Estado.
Diseñarla desde la experiencia de las personas e integrar ya 248 trámites en un solo canal, invirtió la lógica tradicional, donde cada chileno y chilena debía entender la fragmentación institucional para acceder a sus derechos. Hoy es el Estado el que debe coordinarse para ofrecer una atención integral, reduciendo tiempos y barreras de información, que más de ocho millones de personas ya han aprovechado.
En la misma dirección, el pago automático del Subsidio Único Familiar corrigió una injusticia evidente. En 2023, cerca de 390 mil niños y niñas no recibían el beneficio, pese a cumplir los requisitos. El Estado contaba con la información para verificarlos, por lo que exigir la postulación mantenía una barrera de acceso que afectaba precisamente a quienes tenían menos margen de acción. En 2026 son casi 700 mil niños y niñas que mensualmente reciben este apoyo.
El mismo cambio de mirada está en el corazón del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La incorporación de quienes cuidan en el Registro Social de Hogares, que hoy ya cuenta a más de 253 mil personas cuidadoras, permitió reconocer esa realidad e incorporarla como criterio explícito en la política pública.
Por su parte, la Red de Empresas Chile Cuida está haciendo cada vez más cotidiano el que las personas cuidadoras tengan beneficios especiales y un acceso preferente, ampliando la corresponsabilidad social sobre los cuidados al sector privado.
También dimos un salto en la forma en la que el Estado invierte en los territorios. El Sistema Nacional de Inversiones incorporó el principio de proporcionalidad y estableció una gestión activa de casos. Ajustar la evaluación a la complejidad de los proyectos permitió reducir fricciones sin bajar el estándar.
En 2025 alcanzamos una tasa de Recomendación Satisfactoria de 77% sobre más de tres mil proyectos evaluados, la más alta en más de una década y redujimos los tiempos de aprobación, por ejemplo, en un 83% para las municipalidades.
Nada de esto elimina por sí solo las desigualdades estructurales del país, pero sí redefine el punto de partida. Hemos elevado el estándar de lo que entendemos por dignidad, reorganizado el Estado desde la experiencia de las personas y decidido mirar la realidad sin complacencias.
Ese es el horizonte disponible. No es un cierre, sino el piso desde el cual Chile puede discutir con mayor sinceridad qué país quiere ser y qué está dispuesto a garantizar para todas y todos.
