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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno español investiga a grandes empresas de gestión de viviendas turísticas por posibles "prácticas engañosas" y otras infracciones a la ley de defensa de los consumidores. La pesquisa se enfoca en operaciones de pisos turísticos gestionados de forma irregular por intermediarios, aunque cuenten con licencia. Esta investigación se suma a la que examina anuncios de plataformas que ofertan viviendas sin licencia. Además, en octubre se inspeccionaron agencias inmobiliarias por posibles "prácticas abusivas" en la gestión de alquileres. Estas acciones son parte de los esfuerzos del Gobierno para abordar la crisis de vivienda en España, un problema que ha generado protestas en ciudades como Madrid y Barcelona.

El Gobierno español ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas, ya que podrían estar incurriendo en “prácticas engañosas” y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.

Esta nueva investigación, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aun teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.

Por “prácticas engañosas” se entiende cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, tal y como explica la ley de competencia desleal.

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Esta es una nueva investigación se suma a la que el Ministerio ya abrió en junio para examinar los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, una práctica que también supondría una infracción de la ley de defensa de los consumidores.

El pasado mes de octubre se examinaron agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado “prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”, según Consumo.

Estas prácticas van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.

Estas iniciativas van al hilo de las intenciones del Gobierno de atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas que tiene el país y que ha provocado movilizaciones multitudinarias en grandes ciudades, como Madrid o Barcelona.