Tras una auditoría realizada por la Contraloría, se reveló que el Sence entregó el IFE Laboral, desde agosto de 2021 y hasta febrero del 2022, a personas que no cumplían con algunos de los requisitos.

A través de una auditoría, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y pago del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE) por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), específicamente entre el 1 de agosto de 2021 y hasta el 28 de febrero del 2022.

Esta revisión reveló que el Sence “otorgó el IFE Laboral postulantes que no cumplían con algunos de los requisitos”.

A raíz de esto, la entidad ordenó que se restituyan de forma íntegra los fondos mal gestionados, una cifra que asciende a $3.574.640.527

El órgano señaló que se entregó el beneficio a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios.

Según la página de Chile Atiende, el IFE Laboral es un incentivo para que los trabajadores y trabajadoras se empleen formalmente, otorgándoles directamente un beneficio mensual por la relación laboral que se inicia (nuevo contrato de trabajo).

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Este beneficio, el cual nació durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se entrega directamente al trabajador, siempre que su remuneración bruta mensual no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales (actualmente $1.230.000).

Contraloría detecta irregularidades en entrega de IFE Laboral

“Se determinó que el Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con algunos de sus requisitos. En particular, se verificaron beneficios otorgados a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado, beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía y beneficiarios que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios”, se lee en el informe del órgano contralor.

Así también estableció que “la entidad deberá ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.832 y $2.559.383.578 respectivamente”.

Manpower Servicios Integrales

En el documento también se cuestiona los contratos que hizo el servicio del Ministerio del Trabajo, que en ese entonces lo lideraba Patricio Melero, con la empresa Manpower Servicios Integrales.

Aquí se apuntó a la contratación directa de esta empresa, los pagos por servicios no contratados a la misma y la falta de acreditación de la experiencia del personal.

Incluso, se resolvió que el Sence no aplicó multas que correspondían a Manpower Servicios Integrales por la falta de informes mensuales sobre el IFE Laboral.

Finalmente, la Contraloría ordenó ejecutar un sumario administrativo para acreditar eventuales responsabilidades.