Senadores de la Comisión de Economía se mostraron inclinados a rechazar las modificaciones efectuadas en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad de los usuarios ante fraudes bancarios.
El proyecto fue presentado por el senador José Manuel Ossandón, y tras varias polémicas cuenta con el apoyo del Gobierno, respecto de lo cual el ministro de Economía, José Ramón Valente, expresó este lunes que “queremos que los bancos y quienes son responsables de los medios de pago inviertan más en seguridad”, luego de un nuevo caso de clonación masiva de tarjetas bancarias en Santiago.
El secretario de Estado cuestionó que en Chile “aún tenemos porcentajes de inversión que son inferiores a los que hay en países desarrollados”, apuntando a que es necesario incentivar dicha inversión.
Sin embargo, el proyecto que se encuentra en su tercer trámite en el Senado podría ser rechazado por los parlamentarios de la Comisión de Economía, luego de que la banca y especialistas invitados acusaran elementos “inconstitucionales” en el texto.
El presidente de la instancia, el senador UDI José Miguel Durana, cuestionó el plazo indeterminado que se da a los usuarios para notificar un fraude, sugiriendo que éste “no puede ser eterno. Éstos debieran permitir conciliar un debido proceso si hay una discrepancia entre el cliente y la institución financiera”.
Por ello, adelantó que “todo indica que se conformará una Comisión Mixta” con senadores y diputados. La decisión se tomará luego de que, a principios de junio, la comisión sea visitada por las organizaciones de consumidores, del Sernac, y de más abogados y expertos en derecho.
Los argumentos de la banca
El consejero del Banco Central (BC), Pablo García, enfatizó en la necesidad de “balancear” la responsabilidad entre la banca y los usuarios, apuntando que “hoy se ha evolucionado a un modelo de cuatro partes donde intervienen el banco (emisor de las tarjetas), el adquiriente (las marcas de tarjetas), el comercio y el tarjetahabiente (cliente). Vemos que todos los actores deben tomar sus previsiones: las personas cuidar sus claves, el comercio revisar sus terminales POS, los emisores velar por sus sistemas de seguridad y los adquirientes contar con una estructura tecnológica necesaria”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, acotó que los clientes disponen de 3 canales para denunciar sus problemas: ir a la empresa, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), o al Sernac. “Sabemos que la mayoría de la industria resuelve estas situaciones, en un 60% en favor del cliente”, aseguró.
Cuestionó que, como está el proyecto en este momento, “los bancos debemos cancelar dentro de 7 días hábiles sin atender a las circunstancias del fraude, y no solo eso, no existe límite de tiempo para reclamar. No sé cómo se va a hacer cuando un cliente reclame por una transacción según él no efectuada, hace meses o años”.
“Se exige una sentencia ejecutoriada para probar que el cliente hizo el fraude. Esto imposibilita el debido proceso. El régimen de responsabilidad civil no puede prescindir de él, por eso hay que ajustar los estándares de responsabilidad”, argumentó, sugiriendo crear un regulador financiero como se ha hecho en otros países como España o Gran Bretaña, “o que los Juzgados de Policía Local resuelvan estos dilemas considerando la cobertura nacional que tienen”.
Entre otros puntos cuestionados por las empresas a las que representa, se incluye la prohibición de la venta de seguros por fraude, que fueron uno de los motivos centrales que dieron origen al proyecto de ley.
El profesor de Derecho Constitucional, Arturo Fermandois, aseguró que el proyecto pasa a llevar el debido proceso: “Acá lo que se está diciendo es pague primero y después discuta. Esto es inconstitucional porque le estamos poniendo un peso muy grande al emisor. Esto es un problema muy grave. Incluso se puede solicitar un informe a la Corte Suprema porque implicaría una reforma a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de tribunales”.
Por su parte, el vicepresidente del Retail Financiero, Claudio Ortiz. dijo preocuparle “que lo aprobado genera mucha incerteza jurídica y es difícil mitigar cualquier riesgo en este escenario”. Pidió también alterar los plazos, dependiendo del medio de pago, la naturaleza de la transacción y la antiguedad de las mismas, enlistar los deberes de los usuarios (no entregar claves, destruir tarjetas vencidas, etc), tipificar el auto-fraude y establecer sanciones, así como estudiar la reincidencia y castigarla.
Ante todo esto, el senador RN Rodrigo Galilea admitió estar de acuerdo con los argumentos de la banca, planteando que “me parece que las observaciones legales y comerciales que hacen son válidas, pero sólo les recuerdo que este proyecto nació de una conducta equivocada de la banca que era desentenderse de los fraudes con tarjetas robadas, clonadas o falsas transferencias electrónicas”.
“Las personas hoy se enfrentan a una pared, es como David contra Goliat porque los bancos siempre tienen las de ganar”, recordó.
