Mediante una declaración pública, la Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel) denunció el cobro ilegal de multas que están siendo cursadas por el servicio de entrega de libros a domicilio.
“Alimentar el espíritu es esencial para alegrar y mejorar la calidad de vida de nuestra población confinada, mejorando su salud mental y sistema inmune”, explican sobre la lectura en cuarentena, a través de una carta pública donde repudiaron el hecho.
El 10 de junio pasado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) informó que los trabajadores de librerías iban a poder acceder a los “permisos de desplazamiento para asistir a las instalaciones de almacenamiento, depósito, inspección y/o distribución de libros, para realizar labores relativas a la venta y distribución a distancia”.
Lo anterior, se sustentaba en un oficio del 18 de mayo pasado firmado por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, en donde solicitaba a la Comisión de Educación y Cultura del Senado “la posibilidad de establecer, por medio de un decreto supremo, la calidad de ‘establecimientos de primera necesidad’ a las empresas distribuidoras de libros del pequeño comercio, librerías, como, asimismo, autorizarlas a funcionar por medio de la modalidad de ‘envío a domicilio’, considerando la importante función que cumplen en la difusión de la cultura por medio de la lectura y los positivos efectos de ésta”.
Pese a lo anterior, desde la Seremi de Salud Metropolitana ya han sido cursadas dos multas a la librería Bros (10 y 16 de junio, respectivamente) ubicada en el Paseo Los Trapenses, en Lo Barnechea, a pesar que aseguran que no mantienen atención presencial pero sí realizan almacenamiento de títulos y despacho a domicilio.
“Había una persona persona adentro el primer día de la multa, pero era un trabajador de la librería, en ningún momento se atendió público”, afirma a BioBioChile Fabio Costa, socio fundador de Bros y, a su vez, presidente de la Asociación de Librerías de Chile.
“El compromiso era que nosotros no íbamos a atender público, sino que íbamos a mantener la librería como punto de despacho, o haciendo inventario”, agrega.
Confiado en el oficio del ministerio de Economía antes mencionado, Fabio se relajó. “Pensamos que esa fiscalización (la primera) iba a caerse sola”, recuerda, pero todo lo contrario. Tras el cruce antecedentes y reclamos, la Secretaría Regional Ministerial de Salud estableció dos multas de 50 UTM ($2.513.600).
BioBioChile tuvo acceso a las multas en cuestión. En una de ellas, se lee: “(El) establecimiento se encuentra realizando servicios no esenciales para la comunidad, como la venta de libros… (La) librería permanece funcionando con un trabajador en su interior, siendo no esencial la venta de libros”.
De acuerdo a Costa, en ambas visitas de la autoridad se estaban cumpliendo “todas las medidas sanitarias” para realizar este tipo de labor.
“Resulta incomprensible que mientras por la ciudad se pasean motos y camiones distribuyendo todo tipo de alimentos y productos, se castigue al libro de esa manera”, aseguran desde la Sociedad de Derechos de las Letras, donde acogieron el reclamo.
“Si a la población no se le permite salir de sus casas físicamente, por lo menos se le debe dar la oportunidad de salir a través de su espíritu e imaginación”, recalcan. “Algo esencial para fortalecer tanto el sistema inmune como la salud mental de nuestra población”, añaden.
BioBioChile tomó contacto con el Ministerio de las Culturas, donde afirmaron que recabarían los antecedentes de la denuncia. Hasta el cierre de esta publicación, no han emitido declaraciones al respecto.
