Apoderados de los colegios Almondale presentaron tres recursos de protección y preparan un cuarto contra el establecimiento educacional, impugnando la decisión de transformarse en particular pagado a partir del próximo año, denunciando que se trata de una medida ilegal, ya que no tendrían la autorización del Ministerio de Educación.

Hasta hace unos días, los padres y apoderados tenían la información de que los colegios subvencionados Almondale pasarían a ser particulares pagados en 2018.

Sin embargo, ahora están siendo notificados que la medida se adelanta para el próximo año, con una matrícula de 157 mil pesos y 12 mensualidades de 176 mil 600 pesos, debiendo decidir el próximo mes si su hijos continuarán o no como alumnos.

Por eso, al denunciar que la medida es ilegal, los apoderados ya presentaron tres recursos de protección, mientras un cuarto será ingresado a la Corte de Apelaciones de Concepción este viernes, según adelantó el director del Centro General de Padres del Almondale San Pedro, Pablo Meza, al explicar los argumentos de la acción legal.

“Nos estarían solicitando matrícula para un colegio, que hasta el momento, no existe”, indicó Meza, agregando que se deben respetar los plazos legales.

En ese sentido, el abogado Antoine Peñaloza explicó que el sostenedor no tiene la autorización del Ministerio de Educación, por lo que la decisión es ilegal y arbitraria, vulnerando una serie de garantías constitucionales, como el derecho a propiedad, a la igualdad, a la integridad psíquica, por lo que creen “el colegio estaría actuando abusivamente”.

La situación está afectando a 750 familias, con 1.500 niños y niñas, de los colegios Almondale de Lomas de San Sebastián, Valle Noble y San Pedro que ya recurrieron a la justicia, con libelos acogido a trámite por la Corte penquista.

Miriam Contreras expresó que no están en contra de la reforma a la educación, pero que la ley debe aplicarse sin que perjudique a los alumnos. “Se supone que es una ley de inclusión, y para los colegios Almondale es una ley de exclusión”, señaló.

Radio Bío Bío intentó obtener sin éxito una versión del sostenedor, de los hasta ahora establecimientos subvencionados, que deberán remitir al tribunal de alzada penquista los antecedentes que sustentan la decisión de transformarse en particular pagado desde el 2017 en un plazo de 8 días.