Frente a los avances en el procesamiento de datos y a las críticas que ha enfrentado el Instituto Nacional de Estadísticas, desde el mundo académico plantean que uno de los pilares del proyecto de “nueva institucionalidad estadística” pasa por otorgar al organismo “independencia” del Poder Ejecutivo.
La autonomía orgánica -a juicio de expertos- debería ser uno de los pilares del proyecto de “nueva institucionalidad estadística”, el que pretende otorgar nuevas atribuciones y características al INE.
El Ejecutivo apunta a que el organismo esté conformado por un consejo técnico, el que estaría compuesto por cinco expertos nominados por el presidente y ratificados por el Senado.
A juicio de la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark, hay “espacios” para completar en la actual legislación, ya que la normativa que creó el INE fue promulgada en 1970 y modificada por última vez hace 14 años.
El proyecto fue firmado a fines de octubre del año pasado por la presidenta Michelle Bachelet y pretende otorgarle al INE un carácter descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que se traduce en que su funcionamiento no va a depender orgánicamente del Poder Ejecutivo.
El académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos planteó que el director del organismo debe ser elegido por Alta Dirección Pública y rendir ante un “consejo”, para garantizar la “independencia” de la institución.
Para el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, el principal desafío del INE, más que por un proyecto en particular, pasa por la realización exitosa del Censo 2017.
A poco más de once meses de la realización del Censo 2017, la semana pasada asumió Carolina Cavada, en reemplazo de Patricia Morales, como la tercera mujer a cargo del proceso de medición en menos de dos años.
Se espera que el proyecto “nueva institucionalidad estadística” sea despachado de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados a fines de este mes, para poder ser votado en sala y pasar a su segundo trámite constitucional en el Senado.
