El líder del Partido Progesista, Marco Enríquez-Ominami autorizó a los bancos que albergan sus cuentas corrientes para que entreguen un informe al Ministerio Público sobre si en sus arcas hay dinero o no proveniente de SQM. Permiso que se acota al periodo desde el 1 de marzo de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2013.

Esto, en el marco de la investigación que indaga los presuntos delitos tributarios que se pudieron haber concretado de forma ilegal durante su campaña presidencial.

Según consignó este jueves La Tercera, el documento del expediente del caso explica que “Marco Enríquez-Ominami, por sí y en su calidad de representante legal de la sociedad ‘Producciones Audiovisuales Rivas y Rivas Ltda.’, autorizo en este acto, (…) al fiscal regional Pablo Gómez Niada, a fin de que solicite por escrito y mediante oficio” a tres bancos (Corpbanca, Santander y Banco de Chile) para que informen si en tres cuentas corrientes suyas y otra a nombre de su productora “existen transferencias electrónicas o depósitos que provengan”, solicitud que apunta a dos sociedad y una persona natural que Fiscalía mantendría bajo sospecha.

Se trataría de las compañías Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL y de SQM Salar, y de la persona natural Cristián Warner Villagrán, deueño de la primera empresa y ex asesor de MEO.

El SII concretó una querella contra Warren por presuntos delitos tributarios, por los $362 millones que se le otorgaron a través de 33 facturas emitidas a SQM entre 2011 y 2013.

Delito que también fue argumentado por los e-mails difundidos que delatan a Warner y Katherine Bischof, exsecretaria de Patricio Contesse, en los que delata que MEO habría acordado pagos con el exgerente de la compañía.