Este miércoles el gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, reconoció que la compañía detectó pagos sin documentación de respaldo por una suma cercana a los 11 millones de dólares en un espacio de seis años.
La suma, agregó en una conferencia telefónica, fue asignada por el anterior gerente general, Patricio Contesse, quien fue desvinculado de su puesto en SQM el 16 de marzo.
De Solminihac adelantó que en la próxima junta de accionistas, a realizarse el 24 de abril, se renovará el directorio completo y aseguró que estos antecedentes fueron puestos a disposición del Servicio de Impuestos Internos.
Junto a ello, sostuvo que se contrató a un equipo de profesionales con el objetivo de analizar las acciones legales interpuestas en Estados Unidos contra la minera no metálica por presunta violación a la Ley de Intercambio de Valores de ese país.
En la jornada del martes, la Superintendencia de Valores y Seguros pidió mediante oficio al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, explicar el monto de los presuntos aportes irregulares y detallar si el despido de Contesse respondía a que éste no pudo explicar los pagos.
TC evaluará hoy admisibilidad de requerimiento de Contesse
A las 16:00 horas de este miércoles se dará inicio a la audiencia en el Tribunal Constitucional donde se evaluará la admisibilidad del requerimiento presentado por Patricio Contesse con el fin de suspender las diligencias intrusivas para los fiscales en el caso de la arista SQM.
Mientras el abogado Samuel Donoso, en representación de Contesse, será el único abogado que defenderá el requerimiento, otros cinco profesionales pedirán que se levante la suspensión aplicada por el TC la semana pasada y que se deseche el requerimiento.
Exigiendo el fin de la suspensión se encuentra el fiscal nacional Sabas Chahuán, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, el abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, Miguel Soto Piñeiro, y el ex fical Alejandro Peña en representación de un querellante particular.
Pedro Orthusteguy, fiscal y abogado de Ciudadano Inteligente, explicó que si el tribunal declara admisible el requerimiento podría pasar hasta un año sin que los fiscales puedan realizar diligencias intrusivas, como incautar documentos, realizar allanamientos en la sede de SQM.
