La Fuerza Aérea de Chile no dará de baja, por ahora, a los oficiales que quedaron detenidos y procesados por la tragedia aérea de Juan Fernández. Sin embargo, se descartó una defensa institucional para los cinco inculpados por el delito de “Incumplimiento de Deberes Militares”.

Procesados por el delito de “incumplimiento de deberes militares” quedaron los responsables de la planificación del fatídico vuelo del avión CASA 212 que se precipitó en el archipiélago de Juan Fernández con 21 personas a bordo, el 2 de septiembre del 2011.

Se trata del general retirado y ex Comandante en Jefe de la Quinta Brigada Aérea, Julio Frías Pistono; el Coronel y ex Jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro Guzmán; el Comandante de Escuadrilla de Operaciones de Apoyo al Combate del Grupo de Aviación N°8 de la Quinta Brigada Aérea.

Además, fueron procesados el capitán Sergio Castro Moya; el Comandante Jefe de Bandada de Transporte Táctico del Grupo de Aviación N°8, el capitán Mauricio Barría Ruíz; y el Comandante Oficial de Servicio del Centro de Operaciones Aéreas, capitán Mauricio Solano Pereda.

A nombre de la FACH habló el abogado Isidro Solis quien informó que los tres oficiales activos no serán dados de baja, ya que sólo están procesados, aunque descartó que puedan gozar de una defensa costeada por la institución.

El jurista fue enfático en señalar que la causa del accidente se mantuvo, no obstante este procesamiento.

Luksic asumió el caso en abril pasado, cuando la Corte Suprema revirtió la decisión del ministro en visita Juan Cristobal Mera que aplicó el sobreseimiento definitivo, concluyendo que las causas del accidente fueron los fuertes vientos que afectaban en aquella oportunidad a la isla Robinson Crusoe y la impericia de los pilotos Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández.

El abogado de la familia de la mujer piloto, Maximiliano Delgado, informó que la ministra Luksic aceptó un nuevo peritaje para insistir en la responsabilidad externa de esta tragedia.

En tanto, el abogado Ambrosio Rodríguez, defensor del coronel Castro, anunció que apelarán al procesamiento.

En abril de este año, y paralelamente a la investigación criminal, los familiares de cuatro de las víctimas del Casa-212 demandaron al Estado en el Vigésimo Noveno Juzgado Civil, exigiendo $3.700 millones de indemnización.