La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los delitos de secuestros y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico ocurridos en la provincia de Bío Bío durante septiembre de 1973.
Tomás Pascual, abogado asesor del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sostuvo que tras 41 años de lucha las familias de las víctimas encontraron justicia, dado que en fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte condenó a los oficiales en retiro del Ejército Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, precisó el profesional.
Por su parte, Alicia Norambuena, integrante de Agrupación de Derechos Humanos de Los Ángeles e hija de una de las victimas, expresó su satisfacción con la resolución, ya que a su juicio se está haciendo justicia en el país, sin embargo puntualizó en la demora del proceso judicial y en la espera para saber dónde están los restos de los trabajadores.
De los 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. La investigación en una primera instancia estuvo encabezada por el ministro Jorge Zepeda Arancibia.
La Sala Penal además ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973 en Los Ángeles.
