Absueltos definitivamente resultaron los 8 gendarmes de la Cárcel de San Miguel imputados por la muerte de 81 internos que resultaron perecidos por acción de un incendio que afectó las dependencia del recinto penitenciario el 8 de diciembre de 2010.

Así lo determinó la Primera Sala de Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó la nulidad del juicio que exculpó a los funcionarios en esta causa.

Cabe destacar que la justicia el pasado 30 de abril determinó la absolución de todos los acusados por los cuasidelitos de homicidios reiterados y lesiones reiteradas, y además dictaminó el pago de las costas del juicio al Ministerio Público por las acusaciones contra tres de los implicados.

En dicha instancia, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió que Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete, quienes se desempeñaban como centinelas; además de los oficiales José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Jaime San Martín y Carlos Bustos, carecían de culpabilidad en los hechos.

“La tragedia tuvo responsables, pero ciertamente no quienes hoy están aquí”, señaló el juez José Manuel Rodríguez en su lectura de veredicto en aquel entonces.

Boris Paredes, uno de los abogados que representa a los familiares de las víctimas, sostuvo que están analizando recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vea por qué la justicia no ha determinado quiénes son responsables por la muerte de los reos.

“La peor tragedia carcelaria en Chile no tiene responsables. Eso es gravísimo. Y obviamente se entiende la rabia de los familiares, ya que es verdad lo que dicen. No es posible que una persona por robarse mil pesos vaya ocho años preso, y aquí hay 81 personas muertas y nadie responde”, acotó.

En ese sentido, recalcó que creen que hay una denegación de justicia.

Recordemos que este es uno de los procesos más largos que se han registrado desde el nuevo sistema judicial, ya que el juicio duró nueve meses.

La clave para que fuesen absueltos los gendarmes fue un peritaje encargado por la Defensoría Penal Pública, el cual estableció que el fuego fue incontrolable y que sólo tardó unos minutos en propagarse. Es decir, determinó que los funcionarios no pudieron hacer nada por falta de tiempo.