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Presidente uruguayo cree ético pedirle a funcionarios trabajar una hora menos
Publicado por: Denisse Charpentier
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El presidente uruguayo Jos√© Mujica, un ex guerrillero izquierdista, defendi√≥ el viernes la decisi√≥n de su gobierno de exigir una jornada de al menos seis horas de trabajo para los funcionarios p√ļblicos, que est√°n en pie de guerra en su contra por ese motivo.

Mujica dijo en su audici√≥n radial “Habla el presidente” que el gobierno recibi√≥ cerca de 5.000 reclamos administrativos en contra del decreto que dispuso la medida y que comenzar√° a regir el 1 de diciembre.

“Al parecer somos unos desalmados, al parecer vamos contra el multiempleo, nos est√°n diciendo de todo por cometer el pecado de pretender que la gente trabaje seis horas”, indic√≥ el presidente.

“Mientras pugnamos desesperadamente para que se cumpla la ley de ocho horas para los trabajadores rurales, nos duele mucho que sobre todo una cantidad importante de se√Īores universitarios (…) se niegan a trabajar seis horas”, acus√≥.

El mandatario dijo que tiene que “defender el inter√©s p√ļblico” y subray√≥ que “el pa√≠s no es infinito, los recursos del Estado son los que paga el pueblo”.

“Seguramente que en alg√ļn rincon puede haber alguna injusticia, pero en t√©rminos generales consideramos que es √©tico pedirle a los funcionarios p√ļblicos de este pa√≠s que por lo menos trabajen seis horas. Y nos mantendremos en esa decisi√≥n porque nos parece que es una obligaci√≥n”, concluy√≥.

Además de los recursos administrativos, unos 200 funcionarios acudieron a la justicia con recursos de amparo, de un total de 16.000 trabajadores en la administración central.

El decreto afecta básicamente a profesionales como abogados, médicos, asistentes sociales o psicólogos que negociaron en sus reparticiones una carga horaria menor a la que figuraba en su contrato inicial, explicó el jueves Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones y Funcionarios del Estado (COFE), a la AFP.

El sindicato anunció que presentará una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciando al gobierno por el incumplimiento de la Ley de negociación colectiva.

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