La Comisión de Vivienda recibió al alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien refutó el proyecto de ley de recontrucción, ya que en el caso de ciudades costeras retrasa el proceso en al menos un año.

El edil fue enfático y sostuvo que el proyecto “no nos ayuda en la reconstrucción porque paraliza por el plazo de un año la reconstrucción, al menos en nuestro caso especifico de Talcahuano, por eso nuestra propuesta es eximir a Talcahuano de la aplicación de este proyecto”.

Explicó también que en conjunto con la Intendencia regional ha estado desarrollando un plan que armoniza cuatro puntos principales, los que permitirían prescindir de un marco legal para la reconstrucción. Dichos puntos considerarían la participación ciudadana, el ordenamiento territorial a partir del plan regulador, un plan de desarrollo económico local y el mejorar la vulnerabilidad de ciudades como Talcahuano.

“Por eso necesitamos dejar fuera a Talcahuano de esta normativa o en su defecto que este proceso se estudie más a fondo y con ello dar tiempo para que haya una legislación que garantice una recuperación pronta de ciudades como Talcahuano y otras que están en el borde costero”, recalcó Saavedra.

Frente a los planteamientos del alcalde, el diputado Juan Lobos (UDI) dijo que dadas las aprensiones del municipio y tomando en cuenta que fue una de las ciudades más dañadas por el terremoto y maremoto, “vamos a ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar y de esa manera creo que vamos a ir entre todos forjando una segunda mirada al proyecto”.

La diputada Denise Pascal (PS) manifestó, en tanto, que “este es un proyecto que indiscutiblemente en algunos aspectos es muy positivo pero restringe la autonomía de los municipios con respecto al desarrollo de sus propios programas y proyectos de reconstrucción de sus ciudades”.

La parlamentaria indicó que lo que se debe buscar es que los gobiernos regionales y los municipios tengan bastante más autonomía y descentralización del eje central, “porque el hecho de que ellos tengan que presentar programas de la regulación de sus comunas y tengan que ser evaluados después por el Ministerio de Vivienda a mi me parece que no es correcto”.

El proyecto otorga facultades al Ministerio de Vivienda para simplificar procedimientos de aprobación de permisos de construcción y regularizaciones, a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incorporando todas las obras de edificación y urbanización que se desarrollen en las áreas decretadas como zona afectada por catástrofe.