Una denuncia criminal por el delito de administración desleal presentó la directiva nacional de la Democracia Cristiana contra Essal, luego que Radio Bío Bío publicara un reportaje donde se reveló una auditoría realizada el año pasado y que mostraba graves irregularidades en la plantas de la sanitaria en Osorno.
En concreto, en octubre de 2018, la Superintendencia de Servicios Sanitarios supo de los problemas de infraestructura que tenía la sanitaria en la capital provincial, perteneciente a la región de Los Lagos.
Lo anterior consta en un informe de auditoría que encargó ese organismo a una consultora ambiental que evaluó el Sistema de Producción de Agua Potable de la sanitaria.
En dicha inspección se cuestionó el equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza y mantenimiento irregular de la maquinaria, entre otros.
Sin embargo, nada se habría hecho para subsanar dichas irregularidades, las que habrían influido en la crisis que se extendió durante 10 días en Osorno.
Precisamente estos hechos son los que recoge la denuncia criminal que la mañana del lunes presentó la directiva nacional de la Democracia Cristiana, en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El presidente del falangismo, Fuad Chahín, aseguró que lo ocurrido también perjudica al resto del país, ya que hubo un perjuicio económico dentro de la sanitaria en cuyas acciones participan las AFP.
“No se tomaron las medidas para realizar las inversiones necesarias y cambiar la operación. Dentro de los dueños, indirectamente, están las AFP”, manifestó.
En la misma línea, el vicepresidente de la DC, Rodrigo Albornoz, dijo que es necesario que se tomen medidas que resguarden los intereses fiscales. “Hay que resguardar una sanción ejemplar extrema, como la caducidad de la concesión, y una compensación, pero también los intereses fiscales que se han visto afectados”, añadió.
Consultado sobre la situación del demócrata cristiano Guillermo Pickering, quien es el presidente del directorio de Essal y tuvo un activo rol durante la crisis en Osorno, Fuad Chahín aseguró que -independiente de su militancia- él debe asumir sus eventuales responsabilidades civiles e incluso penales.
En ese contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) criticó el rol fiscalizador de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en las irregularidades detectadas.
Para el presidente del organismo, Stefan Larenas, el informe de 2018 demuestra que existe responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el corte del suministro de agua potable que afectó a Osorno.
Asimismo, apuntan a la urgencia de nominar al superintendente titular de Servicios Sanitarios, ya que Jorge Rivas ocupa este cargo desde marzo de 2019 como subrogante.
Abastecimiento provisorio y nuevo foco de contaminación
En tanto, este martes se terminará de abastecer a los establecimientos municipales de educación en Osorno con dispensadores de agua potable, los que ya regresaron a clases tras la emergencia sanitaria.
Desde el municipio confirmaron acuerdos con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para entregar colaciones frías a los recintos que no quieran cocinar con la red de agua potable.
En concreto, se trata de un total de 120 dispensadores de agua purificada, según anunció el Departamento de Educación Municipal (DAEM), aunque inicialmente habían sido comprometidos para ayer lunes para el retorno a clases. Pero el plazo no fue cumplido ante complicaciones logísticas.
Por su parte, ambientalistas de Osorno denunciaron un nuevo foco de contaminación en el Río Rahue y responsabilizaron a la empresa Essal del vertimiento de aguas servidas al principal punto de captación de agua de la ciudad.
La Red Ambiental Ciudadana de Osorno explicó que los hechos se produjeron este sábado, cuando se divisó el vertimiento de aguas servidas desde un ducto de la empresa Essal, ubicado arriba del Puente Chauracahuin, en la ciudad de Osorno.
Ricardo Becerra, presidente de la agrupación ciudadana, informó que una vez que tomaron conocimiento de la problemática se reportó lo sucedido a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para formalizar la denuncia.
