Este lunes retoma sus funciones como fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en medio del sumario que aún se desarrolla en su contra y de una eventual renuncia. Además, toma fuerza la idea de conformar un organismo externo que se dedique a fiscalizar la labor del Ministerio Público.
Fue en septiembre del año pasado cuando el fiscal Nacional, Jorge Abbott, activó el proceso de remoción ante la Corte Suprema del suspendido fiscal Arias, tras adoptar las sugerencias que realizó el persecutor regional de Antofagasta, Alberto Ayala, quien propuso su destitución luego de realizar un sumario administrativo.
Tras su investigación, contempló cinco cargos contra Arias, descartando el tráfico de influencias que en un inicio se le había imputado a Arias y levantó cargos por delito informático y violación de secreto.
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, Arias habría cometido actos imprudentes, como emitir juicios de valor de hechos que estaban siendo investigados, además de entrevistas en la prensa que no fueron informadas al fiscal Nacional.
Asimismo, se apunta a su “mal comportamiento” haber abierto de oficio una investigación en donde él aparecía como víctima de una grabación ilegal, omitiendo el reporte del hecho, además de no haberse inhabilitado, tal como lo indica la legislación.
También, se incorporaron en la solicitud de remoción el haber ordenado a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesia, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.
Respecto a la acusación de negligencia manifiesta, se indican dos investigaciones administrativas, de 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.
Incluso, existe una serie de conversaciones de WhatsApp -que el propio Arias entregó voluntariamente desde su teléfono personal- en la que su hermana María Graciela Arias, y su cuñado, Hans Heydel Jacob, le solicitaban una ficha de un presunto narcotraficante y su hijo, obtenidas desde el Sistema de Apoyo de Operación (SAO), las cuales les habría compartido por la misma vía y también por mail.
Dicha persona habría estado vinculada con el sobrino del persecutor, que fue denunciado por su propio padre, quien para ello utilizó la información entregada por Emiliano Arias.
Por último, se alude a su “su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve”, por sus reiteradas ausencias a las sesiones ordinarias del Consejo General de Fiscales, al que solo acudió en cuatro oportunidades de las nueve llevadas a cabo desde su nombramiento como fiscal Regional.
El revés de Abbott
Tal como se señaló, el fiscal nacional, Jorge Abbott, había solicitado la apertura del cuaderno de remoción en contra de Arias, medida que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema.
Al respecto Abbott aseguró que lo importante es el bienestar del Ministerio Público y que acatarán el fallo porque “nadie está por sobre la ley”.
“Hay que cumplir las resoluciones de los tribunales, eso es muy simple (…) No hay ningún interés que no sea superior al interés del Ministerio Público”, sostuvo.
¿Quién fiscaliza?
El caso del persecutor de O’Higgins dio fuerza a la idea de conformar un organismo externo que se dedique a fiscalizar la labor del Ministerio Público.
El propio fiscal Arias solicitó constituir un órgano externo que se dedique a la fiscalización del organismo, pues no puede haber “poderes que no tengan ningún tipo de control”.
Sólo a través de la Corte Suprema “se pudo por primera vez revisar el mérito de todas las injusticias de las que he sido objeto”, fustigó.
En la misma línea, una de las directoras de la Federación Nacional del Ministerio Público, Paulina Ruiz, fue categórica al asegurar que la institución no puede continuar sin un órgano fiscalizador y afirmó que existen “arbitrariedades” y “despidos injustificados”.
“No puede seguir funcionando sin control externo, en lo administrativo, en lo laboral y en lo financiero”, acotó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, señaló que este proceso ya ha afectado a la institución y que es necesario dejar de lado los recados y guerrillas internas.
“El proceso ya afectó al Ministerio Público. Hay una pérdida de prestigio importante. Nuestras autoridades han estado concentrados en temas que no son los propios de la institución durante algún tiempo y ese es un daño que ya esta hecho”, cuestionó.
Así las cosas, este lunes, Emiliano Arias, retomará sus labores y anticipó que sus esfuerzos se centrarán en devolver la normalidad a la Fiscalía de Rancagua e impulsar la reestructuración al sistema de sumarios.
Está preparado y “esperanzado”, había adelantado la abogada de Arias respecto al retorno.
