La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este lunes el recurso de protección presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños en contra la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). De este modo, ordenó dejar sin efecto los certificados de operación aérea en San Pedro de Atacama.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ordenó a la DGAC anular los permisos de operación de las empresas Balloons Over Atacama, Phaway Atacama Ballooning Experience y Atacama Balloons o Globos Chile Ltda, para realizar vuelos en globos aerostáticos sobre San Pedro de Atacama, debiendo la recurrida realizar antes la consulta previa al pueblo residente en la zona.

La DGAC ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal puesto que concedió los certificados de aeronavegabilidad a las demás recurridas sin que se efectuara la consulta previa a la comunidad indígena atacameña de San Pedro de Atacama en la forma y condiciones que establece el Convenio 169 OIT y las normas de la Ley 19. 253 y el Decreto Supremo 66, lo que constituye una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República”, establece el fallo.

Resolución que agrega que la DGAC tiene que verificar “el cumplimiento por parte de las empresas de globos aerostáticos de los requisitos de matrícula de las aeronaves, de las condiciones de aeronavegabilidad, la afectación que los vuelos a baja altura podían provocar en sitios arqueológicos ya declarados monumentos nacionales, en terrenos donde viven personas que desarrollan una particular cultura y forma de vida, ello en contraposición con el tipo de aeronave que se utilizaría para los sobrevuelos, ya que no son aviones convencionales ni aeroplanos sino globos llevados por el viento que, obviamente podían provocar daños y dificultades en el territorio a sobrevolar”.

En tanto, el texto judicial revela además que algunas empresas han tenido problemas con los habitantes por sacar fotografías de personas atacameñas y de sus sitios ancestrales sin previa autorización de los afectados. A ello se suma que también han aterrizado en lugares de culto.

Eso sí, de igual modo da cuenta de la intención de las empresas recurridas de llegar a acuerdos con los atacameños, las cuales en algunos casos lo han logrado, concluye.