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María Elena: la comuna que pertenece a SQM

Claudio Carvajal (CC) | Flickr
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La posible vinculación entre el alcalde de María Elena, Jorge Godoy, y el caso SQM, dejó en evidencia una nueva arista y puso en alerta sobre la comuna nortina, donde el aseo ornamental, los suministros básicos y el servicio de alcantarillado, son responsabilidad de la empresa, según dio cuenta una investigación de Ciper Chile.

Entre Antofagasta y Calama se encuentra la localidad pampina de María Elena, cuyos inicios datan de la era salitrera, donde proliferaba la industria y poblamiento en la zona norte del país. Sin embargo, hoy la realidad es distinta: las calles, casas, agua y luz, con los que se abastece a la comunidad, pertenecen a la empresa Soquimich. Situación que se desarrolló cuando la compañía fue privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“En el fondo, el alcalde, por decirlo de alguna manera, no puede cambiar ni las ampolletas, porque todo lo que hay ahí es de la compañía (SQM), no es del municipio”, fue la advertencia que realizó hace algunos años el entonces seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Gonzalo Godoy.

En 1926 se inauguró el prometedor campamento minero María Elena. La fabricación de viviendas se desarrolló en terrenos vendidos por el Fisco en 1924 a Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation. Historiadores sostienen que el primer administrador de las faenas, Elías Cappelens, bautizó a la localidad con el nombre de María Elena, en honor a su esposa Mary Ellen Comdon.

Tiempo después, la empresa pasó a ser propiedad de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, para en 1968 junto a Corfo, formar la Sociedad Química y Minera de Chile: la hoy polémica Soquimich. Situación que duró tres años, hasta que en 1971 el presidente Salvador Allende cesara la calidad de mixta para la empresa, dejándola totalmente bajo el alero de la Corporación de Fomento de la Producción.

Los años pasaban y el boom salitrero hizo que ciudadanos de diversas puntos del país, e incluso extranjeros, se trasladen hasta la apartada localidad en búsqueda de mejor suerte. Fue tal así, que en 1979 el Estado de Chile creo la Municipalidad de María Elena.

Realidad que se mantuvo hasta el proceso de privatización que desarrolló el dictador Augusto Pinochet en 1982, cuando la compañía -entonces estatal- fue dispuesta para su yerno Julio César Ponce Lerou, manteniéndose en dicha calidad hasta hoy. Aparte de las cuantiosas arcas del rubro minero que pasaron a dominio de Ponce con la privatización, también se encuentra el municipio.

¿Comuna privada?

Desde el cambio de naturaleza de SQM, el municipio de María Elena se ha visto en la problemática de ser un organismo público, situado en predios privados.

“Es un tema complejo, al principio fue difícil, pero con el paso de los años se convirtió más bien en una relación de amistad. Ambos (municipio y SQM) se necesitan”, declaró al respecto Nelson Avendaño, quien se desarrolla como concejal UDI de la comuna hace 24 años.

La profesara y también concejala RN, Jacqueline Godoy , detalló que pese a que el inmueble de la escuela es municipal, fue construido sobre terrenos de SQM, imposibilitando la posibilidad de postular a fondos fiscales para mejoras, ya que no es un terreno fiscal.

Otro concejal que se sumó a las declaraciones, fue el PS Jorge Ramírez, quien explicó que “todo se rige a través de la empresa, la municipalidad para trabajar tiene el comodato de una o dos calles principales y las plazas, pero el resto es de la empresa, así es que no se pueden hacer grandes inversiones en este campamento”, sostuvo.

Ramírez se encuentra desde 1992 en la lista de dirigentes sindicales de SQM. El edil alega que aún está vinculado sólo por que es reelegido por el sindicato, y aquello le impide su despido, sin embargo asegura que la compañía no le asigna tareas.

El concejal UDI Carlos Ardiles, también aparece en el listado de trabajadores de SQM, sumando dos miembros del Concejo Municipal asalariados por parte de la minera no metálica.

La investigación desarrollada por Ciper Chile, da cuenta que los recursos de electricidad y agua para la comunidad, son suministrados por SQM, quienes también están a cargo del sistema de alcantarillado.

Los funcionarios de la empresa radicados en la localidad minera reciben de forma gratuita vivienda y deben cancelar una mínima cuota de agua, mientras que el servicio de luz es sin cobro. En el caso del resto de la comunidad -no vinculada a la empresa- deben pagar los servicios a la compañía, incluso el arriendo de inmuebles, ya que casi en su totalidad, son de SQM.

Municipalidad

Frente a este escenario, el municipio y la compañía han sostenido más de algún desacuerdo. Entre los correos hallados en el marco de la investigación por el caso SQM, los detectives dieron con uno sostenido entre los ejecutivos de la empresa, donde acusaban que el Departamento de Educación de la Municipalidad de María Elena mantenía entonces una deuda $34 millones por servicios de luz y agua con la compañía. En el escrito, los agentes de SQM buscaban la manera de presionar al jefe comunal para que la deuda sea cancelada.

Por otra parte, Contraloría se hizo participe al momento de determinar la responsabilidad del municipio en el aseo de las calles (cuyo propietario es Soquimich, es decir, Ponce Lerou). El organismo estipuló a través del fallo que la “localidad de María Elena se encuentra asentada sobre terrenos de propiedad privada, pertenecientes a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, y por consiguiente, las calles de esa localidad no constituyen bienes nacionales de uso público”. Dictamen que esclarece que el aseo ornamental de María Elena, también es responsabilidad de SQM.

En este marco y como el Estado no puede invertir sobre terrenos privados, la compañía debe solicitar en comodato por 20 años cada vez que se planea ejecutar una obra pública en la comuna.

Situación que el exseremi Gonzalo Godoy expuso ante el Consejo Regional de Antofagsata en agosto de 2012, instancia en la puso sobre la palestra las problemáticas a las que se ve expuesto el municipio de María Elena frente a un privado.

En la misma jornada Gonzalo Godoy declaró que es necesario regular la situación de la comuna con la compañía privada, ya que esto puede provocar “que el campamento deje de ser campamento minero de propiedad de la empresa y pase a ser un enclave urbano”.

Es más, Gonzalo Godoy reconoció que incluso han tenido que “torcer la oreja” a los procesos para financiar obras, ya que la ley impide al Fisco invertir sobre predios privados. “Durante y posterior al terremoto de Tocopilla, María Elena sufrió muchos daños y se hicieron una serie de proyectos ahí, algunos se pudieron concretar y otros quedaron ahí no más, porque no logramos buscar la forma de poder invertir en ese lugar”, sostuvo.

Quien lo prosiguió en el cargo, Mauricio Zamorano, declaró que la compañía sí está dispuesta a ceder los terrenos al Estado, ya que -asegura- tener a María Elena como propiedad, le acarrea a SQM más gastos que beneficios.

“Hay una voluntad de ir cediendo todos lo que no dice relación directamente con la explotación de la faena minera”, manifestó Mauricio Zamorano. Mientras que actualmente autoridades regionales de Antofagasta elaboran el primer plan regulador para la comuna, el sin duda, primer paso clave para desarrollar planificación urbana que apunte a mejorar la calidad y condición de vida de la comunidad de María Elena.

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