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Trabajadores se manifiestan en Panamá contra proyectos privatizadores de presidente Martinelli

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Varios miles de trabajadores salieron este jueves a las calles de Panamá en una nueva manifestación de repudio a iniciativas del gobierno, las que pretenden vender las acciones del Estado en empresas mixtas y a la creación de una sala de garantías constitucionales.

La principal marcha tuvo lugar en la capital, aunque también hubo protestas en otras regiones un día después de una manifestación organizada por los partidos políticos de oposición.

“Esta es una marcha contra el gobierno corrupto, su represión y su forma arbitraria de gobernar”, dijo a la AFP Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, uno de los convocantes de la protesta junto a otras organizaciones de izquierda.

La marcha, que transcurrió por las principales calles de la capital panameña, se produjo pese a que el presidente Ricardo Martinelli detuvo el proyecto de ley privatizador hasta llegar a un acuerdo nacional y prometió derogar la sala de garantías constitucionales dentro de la Corte Suprema.

Méndez criticó las iniciativas de Pérez, pero a la vez tomó distancia de otras protestas encabezadas por partidos políticos de oposición. “Todos ellos son parte del mismo paquete que impulsa reformas neoliberales que tienen al pueblo en estas condiciones”, aseguró.

Martinelli retiró el martes del Congreso un polémico proyecto de venta de acciones estatales en empresas mixtas, que mantuvo al país en tensión por dos días y que provocó trifulcas entre diputados y disturbios callejeros.

El gobierno pretendía deshacerse del 49% de las acciones que tiene en la empresa telefónica Cable&Wireless y en 6 compañías de generación y distribución eléctrica para generar ingresos por unos USD 1.000 millones.

Por otra parte, Martinelli se vio forzado a derogar la sala de garantías constitucionales, para la cual ya había designado a 3 magistrados.

La oposición asegura que la verdadera intención de Martinelli era hacerse de dinero para encarar en 2014 una hipotética reelección, que aunque está prohibida por la Constitución podría haber sido avalada por esa sala de garantías, a la que los opositores acusaban de estar controlada por el mandatario.

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