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Honduras: relatora de ONU pide protección para defensores de DDHH

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La relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, recomendó este martes a Honduras crear un programa de protección a activistas humanitarios, que son víctimas de asesinatos y desapariciones forzosas en ese país.

Honduras “deberá crear e implementar con carácter de urgencia un programa de protección para defensores de derechos humanos que cuente con recursos necesarios”, demandó la ugandesa Sekaggya, al concluir una visita de una semana.

Es una “responsabilidad del Estado garantizar que los defensores de los derechos humanos reciban medidas de protección efectiva de forma expedita”, observó, al leer un informe de su visita, en la sede de ONU en Tegucigalpa.

Sekaggya se reunió con el presidente Porfirio Lobo y miembros de organismos y activistas humanitarios, para elaborar un informe que entregará a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Denunció que “los defensores de derechos humanos continúan exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización”.

Lamentó que “altos funcionarios del Estado” hayan estigmatizado a los defensores. “En particular (…) aquellos que trabajan en temas de los LGTBI (lesbico-gay) han sido amenazados y perseguidos porque se percibe que a través de su trabajo defienden comportamientos inmorales”.

También denunció que “los defensores que trabajan en temas de los derechos del niño han sido acosados, particularmente aquellos que denuncian la limpieza social (exterminio) de niños y adolescentes por parte de actores públicos y privados”.

Sekaggya afirmó que el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, debilitó aún más las instituciones y aumentó “la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos, provocando una mayor polarización del pueblo hondureño”.

Dijo que en Honduras hay 380 personas con medidas cautelares, pero declinan buscar protección por temor a la policía, que “los expone a más riesgos de su seguridad”.

“Medidas de protección como el habeas corpus y amparo se convierten en mecanismos ilusorios” por “la falta de un mecanismo autónomo para salvaguardar la independencia del poder Judicial”.

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