Cuba condenó al estadounidense Alan Gross a 15 años de prisión, acusado de trabajar para Estados Unidos en un proyecto de redes informáticas clandestinas contra el Gobierno comunista, un caso que frenó un tímido acercamiento entre los dos países.
El Tribunal de La Habana halló responsable a Gross, de 61 años y arrestado en la isla hace 15 meses, de los delitos “contra la independencia o integridad territorial”, según una nota oficial difundida en el noticiero de televisión, una semana después de concluido el juicio.
“Al tomar esa decisión el Tribunal tuvo en cuenta las numerosas pruebas testificales, periciales y documentales, practicadas en el juicio oral, en especial las presentadas por la Fiscalía que demostraron la participación directa del contratista norteamericano en un proyecto subversivo del Gobierno de Estados Unidos para tratar de destruir la revolución”, subrayó la nota.
Según la sentencia, Gross, contra quien la Fiscalía había pedido 20 años de prisión, buscaba ese objetivo con “el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores contra diversos sectores sociales”.
Durante el juicio, añadió, el estadounidense “reconoció haber sido utilizado y manipulado” por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), del Departamento del Estado, “que financia” a la empresa contratista en nombre de la cual llegó a Cuba.
Gross, quien podrá apelar la sentencia, fue detenido en La Habana el 3 de diciembre de 2009 cuando, según el propio presidente Raúl Castro, actuaba como “agente” de Washington en la distribución de sofisticados equipos de comunicación a opositores cubanos.
Washington lo reconoce como empleado de la empresa subcontratada por la USAID, pero afirma que ayudaba a judíos en Cuba a comunicarse con el exterior dándoles celulares y computadoras, aunque representantes de esa comunidad lo niegan.
Al juicio, que duró dos días, asistieron la esposa del contratista, Judy Gross, y Peter Kahn, abogado de la familia, así como funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba (SINA).
Judy Gross ha pedido al Gobierno que libere a su esposo por razones humanitarias pues perdió unos 40 kilos en prisión, padece males como artritis, y enfrenta una dura situación familiar porque su hija fue sometida a la masectomía y su madre padece cáncer.
Washington ha pedido a La Habana la liberación incondicional e inmediata de Gross, por razones humanitarias, tras advertir que no habrá avances en la normalización de las relaciones mientras el estadounidense continúe preso.
La defensa pública de Gross estuvo a cargo de la abogada cubana Nuris Piñero, quien representa también a las familias de cinco cubanos presos en Estados Unidos hace 12 años, bajo cargos de espionaje y cuya liberación reclama Cuba al señalar que eran agentes, pero no para espiar a Estados Unidos, sino a grupos anticastristas de Miami.
El caso de Gross frenó el acercamiento que habían iniciado Cuba y Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas desde 1961, con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca a inicios 2009.
Mientras Gross esperaba el fallo del Tribunal, Cuba arreció durante esta semana sus acusaciones de que Washington fomenta una “ciberguerra” contra la isla, presentando agentes infiltrados en las filas del “enemigo, una estrategia que no usaba desde hacía casi una década.
Hace tres semanas apareció en internet un video supuestamente filtrado, en el que un experto de la Seguridad afirma que Gross creaba “una plataforma tecnológica” para “una red virtual de mercenarios” entre los que incluyó a la bloguera Yoani Sánchez, a quien el Departamento de Estado concedió el martes el premio “Valentía de las Mujeres”.
