La directora subrogante del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) local, a días de finalizar el año escolar, confirmó que solicitarán a la autoridad inspecciones para que algunos establecimientos rurales puedan contar con las respectivas resoluciones sanitarias que les autoriza la elaboración de alimentos en casinos que actualmente se encuentran funcionando sin el trámite.
Recordemos que el tema salió a la luz luego que Radio Bío Bío dio a conocer que el Concejo Municipal osornino, tras una información proporcionada por la empresa que entrega alimentación en establecimientos educacionales, pidió que la Superintendencia de Educación fiscalice a todos los establecimientos municipales, con el objetivo de verificar si éstos cuentan con la resolución sanitaria que les permite entregar alimentos elaborados.
En la actualidad, la jefa (s) del DAEM, Karen Vera, confirmó que las escuelas rurales de Pocoihue, Santa Rosa de Pichidamas y Cancha Larga, no cuentan con todas las condiciones que exige la autoridad sanitaria debido a la falta de agua en esos sectores.
Por otra parte, señaló que 4 establecimientos municipales que se encuentran en el radio urbano, no cuentan con la resolución sanitaria actualizada debido a arreglo estructurales que se habrían realizado, por lo que dijo, están preparando las carpetas para comenzar a regularizar la situación de dichos colegios.
Respecto a la labor que debiera ejercer la autoridad sanitaria en estos casos, el encargado regional y provincial de establecimientos de uso público proveniente de la Autoridad Sanitaria de Los Lagos, Reinaldo Low, dijo que de acuerdo al decreto 289 sobre condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales, éste indica que los recintos que proporcionen alimentación de sus casinos deberían tener la respectiva resolución sanitaria.
En esa línea, el funcionario agregó que desde el organismo se realizan fiscalizaciones y luego dependiendo de las condiciones, se efectúan sumarios sanitarios pudiendo llegar, entre algunas sanciones, a clausurar los establecimientos según establece el reglamento del Ministerio de Salud.
Estas fiscalizaciones no fueron aclaradas en su oportunidad por la autoridad sanitaria debido a que se estableció que no puede entregarse información sobre dichos procesos.
