Organizaciones representantes de diversos pueblos indígenas del país presentaron un recurso de protección en la Corte Suprema de Santiago en contra del Ministerio del Medio Ambiente. Este busca dejar sin efecto la aprobación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debido a que según argumentan se realizó de forma inconsulta, vulnerando derechos constitucionalmente consagrados como son la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad.
El recurso de protección fue interpuesto a favor de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos, así como de Claudia Pailalef Montiel, Consejera Huilliche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi.
Esta última explicó que la forma en que se aprobó el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vulneró lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta a los pueblos originarios sobre este tipo de normas, lo cual calificó como de mala fe.
Pailalef enfatizó en que todo esto establecerá un mecanismo de relación entre el Estado y los pueblos originarios que sólo provocará perjuicios para estos últimos.
Pailalef indicó que el recurso de protección es patrocinado por el Observatorio Ciudadano, que con la imposición de un mecanismo de consulta como tal, no se toma en cuenta las recomendaciones efectuadas por el propio relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, así como de la OIT y del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos especializados.
