Tras los violentos desalojos producidos en Isla de Pascua, clanes Rapa Nui recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado explique su accionar. Mientras, el presidente del autodenominado parlamento Rapa Nui afirmó que el conflicto está lejos de tener un desenlace pacífico.
Hasta mañana el Estado chileno tiene plazo para responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de informar presentada por los abogados de la Indian Law, por el presunto desalojo violento de miembros del clan Tuko Tiki que se produjo el viernes en Hanga Roa, y a través de la que se busca que se decreten medidas cautelares para proteger a la etnia.
Así lo explicó Mario Tuki, miembro de la Comisión de desarrollo de Isla de Pascua.
El Presidente del Parlamento Rapa Nui, Leviante Araki, fue enfático en afirmar que el conflicto está lejos de tener un desenlace pacífico.
El intendente, Raúl Celis, en respuesta a las palabras del senador Ricardo Lagos Weber con respecto al mal manejo por parte del Gobierno, afirmó que en el gobierno de la Concertación también se usó la fuerza pública.
Mientras el fiscal Guillermo Felipe Merino, a cargo de la investigación por los casos de ocupaciones por parte de isleños de al menos 19 dependencias públicas y privadas, confirmó que existe un informe inicial hecho por el GOPE de Carabineros, que le otorga la calidad de incendiarios a las bombas molotov encontradas en la vivienda desalojada el viernes pasado.
Sin embargo, aún falta identificar quiénes hicieron tales artefactos para formalizarlos por dicho delito.
Con respecto al delito de maltrato de obra a carabineros de servicio, el tribunal se declaró incompetente por lo que todos los antecedentes serán enviados al fiscal militar de Valparaíso.
