La negación de una psiquiatra de atender a un paciente con serios problemas psicológicos terminó en su suicidio y ahora la mujer se enfrenta a 4 años de cárcel por su decisión.
El jueves comenzó en Córdoba, ciudad de España, el juicio de Carmen Prada, jefa de salud mental del Hospital Reina Sofía, quien se enfrenta a una pena de cárcel por la muerte de un paciente con esquizofrenia en 2020, consigna El País.
De acuerdo a la querella en su contra, la experta no habría dado un seguimiento al enfermo tal y como fija el protocolo del hospital y por lo mismo se le acusa de homicidio imprudente y un delito de denegación de asistencia sanitaria.
El paciente llamado Francisco León Benítez padecía esquizofrenia, trastorno de personalidad mixto, comportamientos violentos, consumía sustancias tóxicas, alcohol, y había intentado quitarse la vida en diferentes ocasiones, según su historial médico, basado en la información de profesionales y sus padres.
Psiquiatra se negó a atender a paciente y él se suicidó
Por lo mismo, la Fiscalía de Córdoba acusa a la jefa de salud mental de no considerarlo un paciente psiquiátrico ni suministrarle los fármacos recetados para paliar su enfermedad crónica y sus “comportamientos agresivos inexplicables”, incluido otros criterios médicos y de los avisos reiterados de su familia, que denunció el caso ante la justicia por el inminente riesgo de suicidio.
Y es que anteriormente, la familia de Francisco solicitó en un juzgado de guardia su internamiento involuntario en un centro de salud mental por el riesgo que corría su vida.
De esa manera se ofició a la coordinadora de salud mental para su inmediato ingreso. Situación que no ocurrió.
El médico forense que exploró al paciente había dictaminado que era conveniente su internamiento, dado que el paciente tenía “nula conciencia de la enfermedad” y no se tomaba los medicamentos que tenía prescritos tras ser dado de alta.
“La acusada, con conocimiento de todo ello, faltando a su deber y a las más elementales normas de prudencia, omitió cualquier actividad al respecto y dicho internamiento no se hizo efectivo”, indica la fiscalía en su escrito de acusación.
El ente también subraya que la situación del paciente “empeoraba paulatinamente” y, pese a que insistía en su voluntad de suicidarse, la jefa de salud mental “persistió en el tratamiento dispensado y se negó a proporcionarle la asistencia adecuada a un enfermo psiquiátrico (…)”.
“Consecuencia de ello fue que el enfermo acabó con su vida”, concluye el escrito, que también reclama inhabilitar a la psiquiatra durante siete años.
Psiquiatra se defiende
Por su parte, Carmen Prada aseguró durante su juicio que el paciente no pretendía suicidarse, descartando lo que la familia de la víctima afirma desde años.
“El paciente tenía un riesgo de no controlar su conducta, pero no tenía intenciones suicidas”, aseguró la jefa de salud mental del Hospital Reina Sofía.
La tesis que defiende la doctora es que el paciente murió debido a una cardiopatía complicada por un edema pulmonar y la ingesta de fármacos antidepresivos.
Por lo tanto, la experta rechaza la hipótesis de que el hombre hubiera acabado con su vida voluntariamente.
“Descarto la posibilidad del suicidio. La familia me expresaba que la situación era inabordable y la convivencia imposible (…) Pero el seguimiento evolutivo del paciente no dependía de mí, sino del equipo comunitario”, dijo.
“El consumo de sustancias hacía que perdiera el control. Si no consumía, no aumentaban los síntomas del trastorno de personalidad y estallidos de ira. El trastorno lo tenía consumiera o no, pero este lo disparaba”, precisó la médica.
Asimismo, afirmó que “siempre se le recomendaba que era necesario que acudiera al equipo de conductas adictivas y al servicio de drogodependencia. Era muy impulsivo y hubo confrontaciones, pero en ningún momento fue identificado como un paciente mental grave con trastornos graves”, añadió la médica.
Caso inédito
El juicio tendrá otras dos sesiones más la próxima semana antes de quedar visto para sentencia.
Este hecho se trata de un caso inédito en la justicia española, dado que ningún psiquiatra ha afrontado una petición de cárcel por supuesta desatención sanitaria de un paciente agudo, según las sociedades científicas de psiquiatría.
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