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A propósito del Día Internacional de la Salud Mental, el debate público suele volcarse hacia el cemento y la cifra: la apertura de recintos, la expansión presupuestaria y el desglose estadístico de las listas de espera. Sin embargo, en el corazón mismo de la salud pública habita una dimensión más delgada y decisiva, que ocurre en el refugio del encuentro cotidiano y que, rara vece, se problematiza: la competencia técnica, el entrenamiento continuo y la calidad sensible en la interacción de quienes sostienen la atención.
En Chile, las grietas del sistema público reflejan una tensión estructural profunda: los trastornos mentales abarcan el 33,1% de las Licencias Médicas Electrónicas (Superintendencia de Seguridad Social [SUSESO], 2025) y representan un 72% de las enfermedades profesionales reconocidas por la ley (SUSESO, 2024), con un ausentismo en la red estatal que erosiona día a día la continuidad del cuidado (Servicio Civil, 2025). Cuando la salud pública se sostiene sobre equipos sumergidos en el agotamiento crónico, es la interacción directa con el paciente -el tejido más humano de la atención- la que termina fracturándose.
A diferencia de otras especialidades médicas y sus respectivas áreas de atención en donde el acto clínico se apoya en la frialdad del bisturí o la precisión instrumental, la salud mental se edifica sobre la palabra, la postura, el repertorio conductual y la calidad de la relación humana que se teje en la consulta. Por este motivo, el perfil de cada funcionaria o funcionario -sea profesional médico, psicólogo, enfermero, técnico o administrativo- configura de manera gravitante la trayectoria viva de quien busca alivio, ya sea en el trajín de un CESFAM cuya frecuencia de atenciones es insuficiente e ineficaz, en la pausa de un COSAM y sus extensas listas de espera sea cual sea el motivo o, incluso, en el confinamiento de una unidad psiquiátrica de atención cerrada.
Un trato digno, receptivo y prolijo construye el contexto de seguridad indispensable para que el cambio sea posible; por el contrario, una atención entregada desde la inexperiencia a la deriva, la falta de formación o la inercia del desinterés transforma la mano que cuida en un gesto que invalida y desampara.
En el campo de la salud pública, esta degradación del vínculo asistencial se nombra con una palabra amarga: iatrogenia, el daño que nace del propio acto de cuidar. La evidencia científica internacional revela que el desgaste profesional no es un mero cansancio individual, sino un factor ambiental que altera la raíz misma de la atención.
Diversos estudios han comprobado cómo el agotamiento en los equipos de salud duplica la probabilidad de incurrir en errores de seguridad asistencial y duplica el riesgo de brindar atenciones despojadas de profesionalismo y calidez, un fenómeno que golpea con especial crudeza a quienes recién se integran a la red (Panagioti et al., 2018).
Ante un contexto saturado, la conducta se adapta modelando patrones de distancia, rigidez o frialdad (O’Connor et al., 2021). Y cuando esta desatención se cruza con la ausencia de entrenamiento en resolución no coercitiva de crisis, la respuesta institucional deriva, por ejemplo, en el aislamiento o la contención mecánica como una medida de castigo más que un medio para desescalar una eventual crisis -en el caso de pacientes internados en unidades psiquiátricas de atención cerrada- (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022), haciendo que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.
Problematizar el rol de las y los funcionarios no busca señalar culpabilidades individuales ni cargar el peso sobre hombros exhaustos, sino comprender que la conducta humana responde a las condiciones del entorno. Sostener la salud pública exige diseñar contextos institucionales que protejan la práctica ética desde su primer eslabón: revisar y elevar los criterios de selección y reclutamiento del personal -para que el ingreso a la red no sea un mero trámite administrativo, sino una evaluación rigurosa de competencias relacionales, idoneidad y compromiso ético-, al tiempo que se instauran espacios obligatorios de supervisión clínica y políticas reales de autocuidado que detengan el desgaste antes de que se traduzca en indolencia. Cuidar a quienes cuidan es la única garantía de que la salud pública sea, verdaderamente, un refugio seguro.
Bajo el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental, “Escuchar las experiencias vividas: voces reales, cambios reales”, la conmemoración de este 10 de octubre nos plantea una interpelación ética ineludible. Para que existan cambios reales en la salud pública de nuestro país, no basta con contabilizar atenciones: es indispensable escuchar la experiencia viva de quienes consultan y garantizar que la atención no carezca de dignidad, empatía ni rigor técnico.
La solidez de nuestra red de salud no se demuestra únicamente abriendo más infraestructura, sino asegurando que, en cada rincón de ella, funcionarias y funcionarios formados, supervisados y protegidos garanticen un espacio terapéutico auténtico, donde la escucha sea la norma y donde sanar no signifique volver a dañar.
Diego López Méndez
Psicólogo Clínico, Mtr.; Mg. (c).
Académico USACH
