Un nuevo revés para el parlamentario. La Corte Suprema confirmó el rechazo a un recurso de amparo presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, quien buscaba reabrir la investigación y acceder a determinados antecedentes digitales en la causa por presunto fraude al fisco y fraude de subvenciones que enfrenta.
El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dictada el 15 de septiembre de 2026, que había desestimado la acción presentada por la defensa contra una resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique.
El 4 de septiembre, el juez titular Mario Devaud Ojeda rechazó la solicitud de la defensa para ampliar el plazo de investigación y no acogió una cautela de garantías relacionada con el acceso a determinados soportes digitales aportados por otro coimputado.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, esos elementos dieron origen a nuevas investigaciones, independientes de la causa en que Calisto fue acusado. Además, el tribunal de garantía informó que las especies cuestionadas por la defensa no fueron incluidas entre los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público para el juicio.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, contempla una acusación contra ocho imputados por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones. El perjuicio total para el Estado superaría los $100 millones. Calisto figura entre los acusados por fraude al Fisco.
Desafuero de Calisto confirmado
Este pronunciamiento se conoce en el contexto de la misma causa penal en la que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó por unanimidad, el 6 de octubre, el desafuero del senador, a solicitud del Ministerio Público.
La resolución permite que el proceso penal avance respecto del parlamentario. Según informó la Fiscalía, una vez que el fallo de desafuero quede ejecutoriado, la causa podrá pasar a la etapa de preparación del juicio oral.
Calisto ya había sido desaforado cuando ejercía como diputado por los mismos antecedentes investigados. Sin embargo, tras asumir como senador, fue necesario resolver nuevamente su situación respecto del fuero parlamentario.
Cabe precisar que tanto el rechazo del recurso de amparo como el desafuero corresponden a decisiones procesales distintas y no constituyen una condena ni determinan la responsabilidad penal del senador.
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