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El balance económico de 2026 es francamente malo. No se trata de un tropiezo menor ni de un ajuste inevitable, sino del resultado de decisiones erradas, diagnósticos ideologizados y una inquietante falta de gobernabilidad.
Los datos son elocuentes: la economía se estanca, la inversión retrocede, el desempleo bordea los dos dígitos y las expectativas caen a su nivel más bajo en dos décadas.
Esto ocurre en un escenario internacional mixto: precios históricamente altos del cobre y una economía mundial creciendo al 3%, pero también petróleo más caro. Kast insistió tanto durante la campaña en la existencia de una “emergencia económica” que terminó fabricando una de verdad, esta vez por mérito propio.
Un frenazo económico autoinfligido
Según las cifras del Banco Central, el cuadro macroeconómico exhibe un deterioro severo respecto de 2025. El PIB, que creció 2,5% el año anterior, caería este año entre 0,3% y 0,5%. La inversión fija, que venía expandiéndose a un robusto 7%, entra en terreno negativo (–0,3%). Las exportaciones, tras crecer 7% en 2025, retrocederían 2,6%, mientras las importaciones caerían 0,7%.
La inflación, lejos de moderarse, vuelve a acelerarse: pasa de 1,4% anual en marzo a 4,1% en agosto, muy por encima de la meta del Banco Central. El mercado laboral, que había mostrado señales de recuperación, también se deteriora con rapidez: el último dato del INE registra la destrucción de 81 mil empleos, una tasa de desempleo de 9,6% y un desempleo ampliado —que incorpora a inactivos con deseos de trabajar— de 17,7%. Entre las mujeres, la cifra alcanza un dramático 20%.
El bencinazo y el ajuste fiscal: dos golpes simultáneos
En marzo, el gobierno aplicó un bencinazo y trasladó íntegramente el alza de los combustibles a los consumidores, pese a contar con un mecanismo de estabilización. La medida redujo el ingreso disponible de las familias, elevó los costos de las empresas —en especial los del transporte— y propagó presiones inflacionarias a lo largo de toda la cadena de distribución. En una economía indexada a la UF, el golpe se multiplicó: encareció arriendos, educación, salud privada y contratos financieros.
A ello se sumó un ajuste fiscal contractivo, anunciado con épica de motosierra y ejecutado con desconcertante improvisación. Primero se prometió recortar US$ 6.000 millones en 18 meses; luego, US$ 4.000 millones; finalmente, el ajuste efectivo de 2026 ha sido cercano a los US$ 1.400 millones. El problema no radicó solo en la magnitud, sino también en la composición: el recorte se concentró en la inversión pública, que cayó 15% entre marzo y septiembre, precisamente cuando la economía ya daba señales de recesión.
La combinación fue letal: bencinazo, ajuste fiscal y desplome de la inversión, una receta impecable para contraer la economía. Para una administración que ofrecía convertir a Chile en referente de prosperidad, acumular seis meses de contracción de la actividad en un período de siete debiera llamar a la reflexión al sector más liberal del oficialismo.
Expectativas destruidas por la política del miedo
El deterioro económico no puede entenderse sin considerar el clima político. El propio discurso gubernamental erosionó las expectativas de hogares y empresas. Cuando la autoridad proclama que el “Estado está quebrado”, que “no hay plata”, que “las cuentas fiscales son mentirosas” y que es necesario “recuperar el Estado de derecho”, es difícil esperar que consumidores e inversionistas reaccionen con entusiasmo. Dicho y hecho: las encuestas registran el peor nivel de confianza en 20 años.
El gobierno no parece advertir que ya no es oposición. Siguió hablando desde la trinchera, exageró un desequilibrio fiscal manejable y utilizó ese diagnóstico como coartada para contraer el gasto público y presentar una reforma tributaria regresiva como la “única opción” para recuperar el crecimiento. El daño reputacional infligido a las instituciones económicas fue profundo, innecesario y, para colmo, autoinfligido.
La inversión no responde a eslóganes
La promesa de que la salida de “los zurdos” desataría por sí sola un auge de la inversión se redujo a lo que siempre fue: un eslogan. Ni el precio récord del cobre ni la agilización de permisos heredada del gobierno anterior impidieron la caída de la inversión privada, frenada por la incertidumbre política, la falta de gobernabilidad y las señales contradictorias provenientes de Hacienda.
Incluso El Mercurio cuestionó la rigidez fiscal y propone flexibilizar temporalmente el techo de la deuda pública para evitar que la recesión se profundice. Que el decano de la prensa tenga que invocar el keynesianismo para acudir al rescate de una terapia neoliberal fallida da una medida precisa de la emergencia.
Gobernar sin construir mayorías: un ensayo de la motosierra
La crisis política agravó el deterioro económico. Sin construir acuerdos amplios, el gobierno empujó su reforma tributaria regresiva mediante una discusión parlamentaria reducida a una mera formalidad. Lejos de propiciar una deliberación genuina, el proceso se redujo a una formalidad para sostener luego que el Congreso había sido escuchado.
El gobierno intentó repetir la fórmula con una reforma constitucional que permitía 180 días de estado de sitio sin consulta al Congreso. Esa iniciativa terminó fracturando a la coalición: parte de lo que republicanos denominan la “derechita cobarde” se negó a respaldarla, provocando la primera derrota política seria del Ejecutivo y forzando el retiro del proyecto entre acusaciones de amateurismo ministerial.
El drama del desempleo
A mediados de julio, el ministro de Economía anunció el plan “Modo Empleo”: 137 programas, con un costo de US$ 20 millones, que generarían 50.000 puestos de trabajo antes de octubre. A mediados de agosto, la CPC presentó su “Cruzada por el Empleo”, orientada a crear 20.000 empleos formales. En octubre, el gobierno lanzó un nuevo Plan de Empleo por US$ 1.350 millones, esta vez con la promesa de crear 100.000 puestos hasta 2027.
La sucesión de anuncios no alcanza a ocultar el resultado: las iniciativas han fracasado. Incluso sus metas lucen modestas frente a una destrucción laboral que ya suma 81.000 empleos y a un desempleo ampliado cercano al 18%. Como señaló el exministro Briones, los US$ 100 millones destinados a subsidios a la contratación son “menos que una aspirina”.
La tasa de desempleo de 9,5% subestima la magnitud de la crisis laboral. Al sumar desempleados, inactivos potencialmente activos, trabajadores informales y subempleados, más de 4 millones de personas se encuentran en condiciones precarias, inestables y de baja productividad. El mercado, por sí solo, no resolverá este drama. Las medidas transitorias —subsidios y obra pública— pueden aliviarlo en el margen, pero no corrigen el problema estructural que afecta a millones de compatriotas.
El país carece de una conducción clara y centralizada de las políticas de empleo. Es necesario avanzar hacia una reingeniería institucional del ecosistema de empleo, articulada en torno a una Agencia Nacional de Empleo que absorba a SENCE, ChileValora, la Bolsa Nacional de Empleo y las OMIL.
Esta Agencia debería tener un vínculo sólido con los gobiernos regionales. Esta plataforma debería coordinar una estrategia de formación masiva para capacitar a 450.000 personas en 4 años en ámbitos tan heterogéneos como economía digital, inteligencia artificial, turismo, minería, agricultura y cuidados, además de entrenar a 150.000 trabajadores en competencias tecnológicas avanzadas.
El diseño también debe incorporar un Sistema Nacional de Formación e Inclusión Laboral para personas con discapacidad, con rutas certificadas de inserción, y un conjunto de medidas para enfrentar las persistentes brechas de género, desde incentivos para la incorporación femenina en sectores masculinizados hasta la adopción de mecanismos de “currículum ciego” y la priorización legislativa de la Sala Cuna Universal.
Perspectivas para 2027
En 2026, la economía chilena registraría su cuarta contracción del PIB desde 1999, con una variación estimada entre 0% y –0,5%. Se anticipa un crecimiento entre 3% y 3,5% en 2027, apoyado en un efecto rebote, una mayor inversión privada y pública, y una contribución positiva del gasto fiscal.
Conviene, sin embargo, no confundir ese rebote con el ingreso a una senda de crecimiento sostenido. Las propias proyecciones de Hacienda contemplan expansiones modestas hasta 2030. Tampoco puede descartarse un deterioro del escenario internacional, que obligaría a revisar esa proyección a la baja. En la dirección opuesta, los mayores ingresos provenientes de la minería —en particular del cobre y del litio— favorecerían la convergencia fiscal.
La inflación cerraría 2026 en torno a 5%, con riesgos al alza, y podría aproximarse a 6% interanual durante el primer trimestre de 2027. Para contenerla, el Banco Central podría verse obligado a elevar la tasa de interés, encareciendo el crédito y frenando la recuperación. La trayectoria de los combustibles y de otros costos externos seguirá siendo decisiva.
El próximo dato del INE, correspondiente al trimestre julio-septiembre, podría mostrar una nueva alza del desempleo. Factores estructurales han elevado la denominada tasa natural de desempleo y vuelven cada vez menos plausible la meta gubernamental de 6,5%. La promesa de crear 800.000 empleos en tres años y medio avanza rápidamente hacia su destino más probable: convertirse en otra metáfora.
Mal balance de 2026: la ideología reemplazó a la técnica
El balance de 2026 retrata a un gobierno que sustituyó la técnica por propaganda, confundió el ajuste con la motosierra y la gobernabilidad con la imposición. El bencinazo, un recorte fiscal mal diseñado, el deterioro deliberado de las expectativas y el impulso de reformas radicales sin respaldo político formaron una tormenta perfecta, tormenta producida desde La Moneda.
Con la economía mundial creciendo al 3% y el cobre en niveles históricos, Chile debería crecer entre 2,5% y 3%. En cambio, con suerte, se contraerá medio punto. El escenario externo, ciertamente, fue mixto: los mejores precios del cobre y del litio aportaron impulso, mientras el encarecimiento del petróleo elevó costos y presionó la inflación.
Sin embargo, disponer de vientos a favor y en contra no obliga a encallar. El gobierno aprovechó los primeros a medias, amplificó los segundos y, con una eficacia digna de mejor causa, convirtió una dificultad manejable en un fracaso enteramente propio.
